02-02-2022.- Al concluir el Parlamento Abierto en materia de Objeción de Conciencia, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), indicó que éste es un tema que va más allá de la negativa de realizar una acción determinada, sobre todo cuando lesiona otros derechos, por lo que se debe considerar la totalidad de las perspectivas que en ella convergen.

Destacó que en este encuentro, en el que participaron 33 expositores, está la voluntad política para construir una iniciativa que considere otras cinco ya presentadas con antelación y el mandato que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No es una tarea fácil, pero gracias a los aportes de hoy se podrá avanzar de manera efectiva en este objetivo”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aseguró que con lo expuesto aquí se debe dimensionar el escenario que se tiene a fin de modificar o hacer una propuesta diferente porque es un tema verdaderamente importante. “Buscamos la protección a la salud y un sistema nacional que funcione de manera adecuada”.

La diputada Ivonne Cisneros Luján (Morena) puntualizó que el Estado tiene la obligación de otorgar servicios de salud en todos sus ámbitos y respetar los derechos. “Tendremos en la Comisión la discusión necesaria para hacer compatibles los derechos existentes. Sabemos que tenemos que respetar la objeción de conciencia y tenemos que buscar cómo hacerlo compatible”.

El diputado Andrés Pintos Caballero (PVEM) afirmó que se tiene la posibilidad de establecer una legislación con estándares claros y puntuales para que el personal médico y de enfermería ejerzan la objeción de conciencia sin que se convierta en una negación de servicios. “Está en manos de este órgano organizar el andamiaje legal que ofrezca una viabilidad para implementar dichos estándares”.

La diputada Margarita García García (PT) indicó que las y los legisladores no aprobarán algo fuera de la legalidad. “Hoy es un compromiso abrir la discusión para analizar la situación que prevalece en el sector salud”.

Vía zoom, la diputada Mariana Mancillas Cabrera (PAN) dijo que se debe dejar la retórica de la emoción y ver la ciencia para proponer una ley que realmente sirva y respete los derechos. Agregó que es necesario dotar de presupuesto a los servicios de salud y doctores “porque son los que han llevado la parte más dura en la pandemia y demuestran que también la llevan en la objeción de conciencia”.

La diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) indicó que trabajarán para que haya salidas viables a fin de que los médicos y enfermeras puedan recurrir a la objeción de conciencia.

Vía plataforma digital, el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) dijo que es importante definir qué se entiende por objeción de conciencia y destacó la necesidad de tener un listado de no objetores. “Lo que no podemos pensar es que la discriminación nos gane en esta carrera de legislar; tenemos que consultar al menos dos fuentes importantes: la Ley de Transparencia y la que tiene que ver con la prevención y eliminación de la discriminación”.

Al inicio del encuentro, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, explicó los alcances que tiene la acción de inconstitucionalidad emitida por la SCJN, por lo que la misión del Legislativo es establecer parámetros y límites, así como condiciones para regular en materia de objeción de conciencia.

Expertos y activistas exponen sus posturas

Pauline Capdeville, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que para que la objeción de conciencia sea legítima debe estar fundada en auténticos motivos. Aclaró que en México esta objeción es parte de una estrategia más amplia para cancelar el derecho de acceso a la salud, especialmente en materia sexual y reproductiva, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

María de Jesús Medina Arellano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que se requieren reglas y registros por los cuales el personal sanitario objeta llevar a cabo la prestación de un servicio en particular, además que la sentencia de la SCJN va en línea con la Ley de Cultos. “En nuestro país hay quienes obstaculizan los derechos ya garantizados, como los profesionales que se niegan a interrumpir un embarazo”.

Patricio Santillán Doherty, presidente nacional del Comité de Bioética, consideró que se requiere de una declaración anticipada de la objeción de conciencia, “una notificación anticipada que está del lado de la persona que tiene necesidad de objetar”. Propuso que esta notificación se convierta en una declaración de conflicto de interés y que la sepan todos los interesados, médicos, pacientes, directivas de hospitales, a fin de tomar las decisiones adecuadas para el mejor acceso a la atención de la salud.

Alberto Patiño Reyes, investigador de la Universidad Iberoamericana, planteó quitar los registros objetores de conciencia y en su caso que haya registros de médicos que no tengan objeción de conciencia, a fin de que las personas sepan a qué atenerse, pero que no se limite esta posibilidad con registros que lo único que hacen es victimizar a los médicos.

Rocío Hernández Ruiz, médico general e integrante de la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia (FEMOC), puntualizó que si realmente se quiere que México tenga una medicina de alta eficiencia se tiene que respetar la piedra angular: la libertad de objeción de conciencia. “Cómo imaginar que los médicos dejen de lado su humanidad y se conviertan en un robot que sigue algoritmos del que ostenta el poder. Cómo hablar de libertad si los legisladores se empeñan en quitarla enarbolando la bandera de una falsa libertad”.

El director general de San Pau Clinic Guadalajara, Alfredo Díaz Jiménez, comentó que en las bases de objeción de conciencia debe incluirse el punto de vista de la ciencia. “No se puede estar en todo de acuerdo, deben existir las vías jurídicas necesarias para la oposición de un acuerdo, ley o imposición”.

Martha Tarasco Michel, integrante de la cátedra Unesco de Bioética y Derechos Humanos de Roma, dijo que la objeción de conciencia apela a principios científicos, valores morales y culturales. Viene más de la razón y no de la fe que se profese. Pidió no dejar una legislación complicada de entender a tal grado que el personal no pueda ejercer este derecho. “La bioética es laica y un Estado laico no significa que sus ciudadanos no tengan una fe, sino que el Estado no va a imponer una creencia”.

Marcelo Bartolini Esparza, abogado y director de Artículo 18, aseguró que de nada favorece que se reconozca la objeción de conciencia del personal de salud “de dientes para afuera”, si esto se hace con el propósito de sabotear sus derechos humanos y volverlos inoperantes a través de un extenso catálogo de restricciones que, además, no favorece la libertad de los prestadores del servicio de salud.

José Antonio Moreno, de la Federación Latinoamericana de Ginecología, dijo que los profesionales de la salud no aceptan divisiones en el ámbito profesional que motiven conductas discriminatorias. “Estamos moral y jurídicamente obligados a cuidar la vida y la salud de las personas, por lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, negar la atención en casos de graves amenazas para la vida, salud o la integridad, ni emitir juicios de valor u opiniones personales que afecten la dignidad o los derechos del paciente”.

Jeniffer Hincapie Sánchez, coordinadora del Programa Institucional de Bioética y Ética de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que históricamente la objeción de conciencia se ha utilizado para justificar la negación de servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y personas gestantes por razones éticas, culturales o de credo, pero es solamente uno de los muchos aspectos donde esta práctica tiene injerencia porque también está la voluntad anticipada, trasplante de órganos o la transfusión de sangre.

Gustavo Ortiz Millán, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, aseguró que el Estado tiene que garantizar que haya personal no objetor, paro para ello es indispensable exigir que se incremente el presupuesto en salud. Se debe garantizar, añadió, que los objetores de conciencia no sean sancionados o discriminados por negarse a realizar un aborto; tampoco debe haber un registro de objetores.

Alejandro Rosillo Martínez, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, puntualizó que es imprescindible tener cuidado para no generar una legislación que únicamente traduzca los considerandos de la Suprema Corte a artículos de la ley. Subrayó que se tiene que reflexionar sobre qué derecho se tiene que garantizar: el de salud o el de no objetores.

Raúl Rodríguez Eguíbar, secretario de tesis del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la nueva reforma tiene que contemplar lo dicho por la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. “Es importante tener en cuenta que no es, como se ha dicho, que la Suprema invade la competencia y facultad del Congreso para legislar en la materia; difiero de esto, porque ella únicamente regula”.

Agustín Herrera Fragoso, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, señaló que cuando se haga una objeción de conciencia debe estar fundamentada y bajo parámetros científicos y bases éticas y bioéticas. Comentó que en caso de tener un registro de no objetores éste dará seguridad jurídica, ya que “distinguir no es discriminar”.

María Monserrat Díaz, representante legal del Colectivo Feminista de Xalapa, AC., opinó que la objeción de conciencia debe ser reglamentada con técnica legislativa y perspectiva de género, sin afectar los múltiples derechos de las mujeres, como el de la libertad de decisión, reproductivos y aborto.

Fernanda Díaz De León, de IPAS Centroamérica y México, apuntó que el uso de la objeción de conciencia no siempre encuentra su origen en las creencias, sino que hay desconocimiento de las leyes y protocolos específicos.

Luciana Montaño Pomposo, coordinadora de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y quien fue la responsable de presentar el criterio de inconstitucionalidad ante la Corte, explicó que la posición de la CNDH es que frente a este contexto garantista de derechos, el personal médico y de enfermería pueda válidamente objetar conciencia y que a los usuarios se les garantice el derecho a la salud.

Al término, el diputado Reyes Carmona destacó las propuestas de crear un Registro Nacional de Objetores, lo cual ayudará a materializar un dictamen que considere lo expresado por la SCJN y lo expuesto por legisladores y expositores. “Este parlamento es una muestra del espíritu que mueve a la Comisión de Salud”.

Durante el encuentro también participaron médicos del sector público y privado, así como personal de enfermería, quienes subrayaron la necesidad de contar con una normatividad clara de la objeción de conciencia.

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