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Boletín N°. 0994 Necesario, tipificar reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos
  • Entre enero y octubre del año pasado desaparecieron 3 mil 726 personas de 0 a 17 años

 

 

  • “Es una llamada de alerta que no debemos normalizarâ€: diputada Herrera Anzaldo

 

09-02-2022.- Durante el foro Diálogos por la Infancia se presentó el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislaciónâ€.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), señaló que este es un tema desgarrador y que 3 mil 726 personas de 0 a 17 años desaparecieran entre enero y octubre del año pasado es una llamada de alerta que no debemos normalizar.

 

Resaltó que detrás de las cada vez más frecuentes Alerta Amber que se ven en redes sociales, “no solamente está el comienzo de una pesadilla para la familia que tiene una gran incertidumbre, un enorme dolor por no saber dónde están sus hijos, sino también el comienzo de una verdadera pesadilla para ellos que son víctimas y para el resto de la sociedadâ€.

 

Consideró relevante ver esta problemática de forma transversal, “tenemos mucho que hacer en lo cultural, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo comunitario, en lo institucional y en lo jurídicoâ€.

 

Destacó la importancia de tipificar este delito y la necesidad de establecer en la ley la obligación de las autoridades para desarrollar políticas públicas enfocadas a la prevención de este tipo de conductas.

 

Señaló la necesidad de apostar hoy más que nunca a la coordinación, por una parte, de las autoridades responsables en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, pero también en la Cámara apostarle a ponerle presupuesto. “No basta la voluntad, necesitamos tener instituciones que realmente abran sus puertas y tengan manera de responder a nombre del Estado mexicanoâ€.

 

Erradicar la violencia en el país

 

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), mencionó que existe poca evidencia empírica o estadística que permita conocer a profundidad la dimensión del fenómeno delictivo. “No podemos permitir que una sola niña, niño o adolescente se encuentre en riesgo de ser forzado a participar en las filas de la delincuencia organizadaâ€.

 

Se congratuló por sancionar penalmente a quienes recluten a niñas, niños y adolescentes en estas actividades. Desde esta instancia legislativa, dijo, “seguiremos apoyando las iniciativas que tengan por objeto establecer medidas para proteger a los menores de edad frente a los grupos de delincuencia organizada. Tenemos el gran reto de erradicar la violencia en el país y, en su grado más cruel, en donde se involucra a niñas, niños y adolescentesâ€.

 

Infancia y adolescencia, sectores vulnerables

 

El diputado Alejandro Manuel Robles Gómez (Morena), secretario de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de tipificar el reclutamiento y señaló que la infancia y la adolescencia son de los sectores más vulnerables.

 

Hoy, afirmó, la delincuencia organizada tiene en su objetivo no tanto las adicciones sino la trata y el tráfico de personas. “Vamos a estar muy atentos a la discusión de este nuevo tipo penal, porque es en las generaciones futuras en lo que estamos pensando y trabajando. Es uno de los temas que generan amplio consenso y está más allá de los coloresâ€.

 

Hay mucho por hacer

 

Yolanda de la Torre Valdez, diputada del PRI e integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia, argumentó que uno de los temas de su agenda personal es la tipificación y anunció que presentará un paquete de reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Destacó que en el documento se contemplan los riegos que no sólo están en lo individual sino en lo familiar y en la comunidad, pero también los riesgos institucionales. “Hay mucha tarea por hacer, sobre todo en la voluntad para avanzar en el Legislativo. El gran tema está en las procuradurías, cómo proteger sus derechos y cómo restituirlosâ€.

 

Reclutamiento de menores, de las peores formas de violencia

 

La diputada del PVEM, Eunice Monzón García, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, externó su felicitación a REDIM, ya que en el contexto de violencia que se vive en el país “el informe es muy importante, pues da cuenta que el reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una de las peores formas de violencia que estos sufrenâ€.

 

Añadió que este fenómeno está creciendo, por lo que la atención debe ser prioritaria. “La infancia y la adolescencia tienen muchas barreras para ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Es importante cambiar y fortalecer las políticas y acciones establecidas; se deben elaborar pensando en la infancia y adolescenciaâ€.

 

Indiferencia y olvido en temas sensibles de la infancia

 

 

A su vez, la diputada María de los Ãngeles Gutiérrez Valdez (PAN), promovente de la iniciativa en materia de reclutamiento ilícito, reconoció el trabajo de REDIM para unir esfuerzos y fortalecer el marco legal, a efecto de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Añadió que existe una total indiferencia y olvido a temas sensibles como es la infancia en México.

 

Tal situación, mencionó, conlleva a la falta de incumplimiento de los ejecutores respeto al principio del interés superior de la niñez. Urgió a fortalecer a las procuradurías, pues hay deficiencias en el seguimiento de desempeño en la aplicación de acciones y metas que permitan verificar la aplicación de los procedimientos legales en materia de niñez y sugirió presupuestos asequibles que favorezcan a la infancia y adolescencia.

 

Se debe frenar el reclutamiento

 

Gustavo Contreras Montes, diputado de Morena y secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, destacó que el estudio abre el panorama sobre la gravedad de este tema y deja claro que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión es fundamental para abatir este problema que aqueja a las niñas, niños y jóvenes del país.

 

Consideró inaceptable esta acción de reclutamiento, ya que afecta derechos al desarrollo, a la protección, a la salud y a la educación. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes, dijo, es un bien jurídico y se debe proteger. “La propuesta de que el reclutamiento sea incluido en el Código Penal Federal es una propuesta dirigida a frenar dicha situación; se debe discutir y le daremos seguimientoâ€.

 

El tema no es nuevo

 

 

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, argumentó que la investigación es de vital importancia; sin embargo, el tema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos no es nuevo y se intensificó a partir de 2006.

 

Mencionó que estos grupos han utilizado a los menores para sembrar cultivos, halconeo e incluso como sicarios, y en muchos casos son obligados o extorsionados. Agregó que es de suma importancia tipificar el reclutamiento y castigar a los adultos que se aprovechan de la circunstancia de las y los menores, pero no se les debe criminalizar ni considerar delincuentes.

 

Aumento de violencia contra las niñas, niños y adolescentes

 

Al presentar el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislaciónâ€, la directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández, señaló que en México la violencia contra las niñas, niños y adolescentes ha ido aumentando en los últimos años. Del primero de enero al 15 de octubre de 2021, 3 mil 726 personas de 0 a 17 años fueron registradas desaparecidas.

 

Afirmó que el reclutamiento constituye una de las formas más graves de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, además de ser una afectación directa a todos sus derechos e ir en contra del interés superior de la niñez. Comentó que el reclutamiento se refiere a toda forma de capacitación o alistamiento de niñas, niños y adolescentes en cualquier tipo de grupo delictivo, no sólo delincuencia organizada.

 

Explicó que el objetivo del estudio es enfocar el desarrollo de políticas públicas y sociales nacionales que pueden prevenir y atender esta problemática, se opta por aplicar el modelo ecológico-social al reclutamiento y así presentar los factores asociados al reclutamiento en México. Indicó que la propuesta de modificación del marco jurídico es desde una perspectiva de garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento.

 

Precisó que para la propuesta de tipificación del delito de reclutamiento se toman como base las recomendaciones del Comité del Niño a México, en las que se establece que se tipifique de manera específica el reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado, que se asegure que ninguna niña o niño sea reclutado por grupos armados, así como el acceso a la justicia y a una compensación a niñas y niños que han sido reclutados ilegalmente.

 

Asimismo, revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia.

 

Detalló que la propuesta de cómo debe ser abordado este nuevo enfoque para la atención de reclutamiento, es a partir de la tipificación explícita en el Código Penal Federal y de manera general, también, asegurando la prohibición del reclutamiento por cualquier grupo. Las consideraciones para la acción legislativa de la tipificación del delito serían ubicar el bien jurídico protegido, es decir el libre desarrollo de la personalidad; observar que el reclutamiento puede ser llevado a cabo por cualquier tipo de grupo delictivo y hacer énfasis en que la niñez es la víctima.

 

Otra acción legislativa que se propone, dijo, es que el Sistema de Justicia para adolescentes tenga también una perspectiva de derechos de adolescencia e infancia. La tercera acción es la restitución de derechos, contemplaría la garantía de derechos de las víctimas, salud y recuperación, además de apoyo psicosocial, oportunidades educativas y vocacionales, regreso seguro a la vida familiar y comunitaria, y un plan de restitución de derechos conforme a las necesidades de la víctima.

 

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