16-02-2022.- Con 17 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), aprobó el dictamen con proyecto de decreto que deroga la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de requisitos para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La Ley vigente, en su artículo 26, señala que la persona que ocupe la presidencia del Consejo, quien presidirá la Junta, será designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y que para ocupar la presidencia del Consejo se requiere: fracción I: “Contar con título profesional”.

En los considerandos se señala que la Comisión emite el dictamen, a fin de eliminar la discriminación hacia los pueblos indígenas, a través de la exigencia de contar con un título universitario para tener el acceso a la representación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López, promovente de la iniciativa, dijo que se busca eliminar el que para presidir el Conapred sea necesario tener título profesional. “No basta tener un título profesional, basta tener una honorabilidad para que juntos podamos eliminar estos obstáculos que tenemos en nuestro país”.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que coincide en el espíritu de la iniciativa, pero no le parece retirar completamente la profesionalización en una titularidad de un consejo importante. “No puedo acompañar esta parte, porque creo que tenemos que ir hacia adelante en la profesionalización de cada una de las titularidades de estos órganos que están para defender a las y los mexicanos”.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) indicó que está por la no discriminación y por ello se debe cancelar la obligatoriedad del título universitario para ser titular del Conapred. “Solo es necesario que quien ocupe este cargo haya tenido una trayectoria a favor de erradicar todo hecho discriminatorio”.

Del PAN, la diputada Ana María Esquivel Arrona dijo que su voto no es a favor, porque considera que es muy importante el “si no tener un título profesional como tal, sí poder tener definidos criterios muy específicos donde la persona que esté al frente conozca de diferentes ámbitos”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que menos del 5 por ciento de las mujeres indígenas tiene estudios superiores, por lo que con esta reforma se tendría que garantizar que estas mujeres que no cuentan con estudios universitarios puedan tener este acceso

La diputada Mariana Mancillas Cabrera (PAN) dijo que en una dirección como la que estamos poniendo, esta persona no es la que va a luchar más o hablar de sus problemas; esta persona debe estar capacitada en temas, leyes, conceptos incluso técnicos para defender a personas que han sido discriminadas.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) comentó que el titular de esta entidad debe tener una cercanía con las personas discriminadas, haber sentido en carne propia estas discriminaciones que se dan de diferente manera. “Se necesita una calidad ética, una sensibilidad social y una empatía con quien es víctima de una discriminación”.

Del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García señaló que es importante mencionar que las atribuciones del Conapred son muy complejas, no es solamente el tener una buena calidad humana o el querer ayudar; hay procesos, programas, presupuesto que se tienen que manejar, trabajar en rubros para los que se requiere una instrucción escolar a fin de no incurrir en una falta.

La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) comentó que se debe eliminar la fracción donde se debe contar con el título profesional. “Nuestro posicionamiento es que se tiene que privilegiar la experiencia, el trabajo, la calidad humana, la honorabilidad, la sensibilidad, la ética, el activismo de quienes presiden el Conapred por encima de un título profesional”.

El diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena) dijo que el problema de las oportunidades es justamente que no nos ha permitido a muchos llegar a esa distinción; entonces, caer en el proceso de poner como candado el título profesional es seguir en la práctica de exclusión y discriminación.

La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena) indicó que el 70 por ciento de la población indígena sufre de pobreza. De manera adicional otro 27 por ciento de la población indígena sufre pobreza extrema, el promedio de escolaridad es de 6 años. Para el caso de estas comunidades solamente el 1 por ciento de la población tiene un título universitario.

De la misma bancada, la diputada Evangelina Moreno Guerra dijo que el racismo y la discriminación por condición social es una práctica muy común en nuestro país. “El dictamen que votaremos el día de hoy es importante para reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país entre aquellos que tiene un título profesional y los que no lo tienen”.

La diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) señaló que se está hablando de un sector indígena muy importante, pero vamos a trasladarnos para ver qué brecha podemos abrir o cerrar realmente, si dejamos y quitamos lo de la profesionalización de un cargo tan importante que es para defender a tantas y tantos indígenas.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) comentó que la iniciativa es oportuna en el sentido positivo de reconocer los derechos que tienen como pueblos indígenas. “Importante que votemos a favor del dictamen, porque es permitir que quienes hemos sido excluidos en esta historia del país, hoy tengamos la oportunidad de presidir el Conapred.

La diputada María Leticia Chávez Pérez (MC) dijo que, si bien se ha mencionado aquí, que tener un título no da un valor extra, pero tampoco el no tenerlo. “No tenemos nada con la comunidad indígena, al contrario, merecen todo nuestro respeto, es momento de hacer muchas cosas por ellos, pero, también tenemos que hacer muchas cosas por otras comunidades”.

Accesibilidad en lugares para personas con discapacidad

Otro dictamen aprobado es para adicionar las fracciones XXII Quáter y XXII Quintus al artículo 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para señalar que se considera como discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con personas o animales de apoyo o asistencia.

Asimismo, obstruir cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. El dictamen fue avalado con 27 votos a favor, cero contra y cero abstenciones.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI), promovente de esta iniciativa, dijo que de nada sirve que haya un inmueble con diseño universal o con los ajustes razonables suficientes si no existen los medios, el desarrollo urbano y el transporte accesible que permitan trasladarse y llegar a dicho inmueble.

La diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) señaló que esta iniciativa es importante, sobre todo para las personas con discapacidad, el abrir los espacios de inclusión, lo cual implica darle los elementos necesarios para que ellos puedan tener una movilidad social adecuada.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) indicó que el objetivo es coadyuvar a garantizar el derecho a la accesibilidad de personas con discapacidad, promover la erradicación de la discriminación y fortalecer el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos.

Del PAN, la diputada Esther Mandujano Tinajero comentó que desafortunadamente todos los lugares públicos no están pensados para que accedan las personas con discapacidad, pero no solamente en lo visual, sino en todas las capacidades diferentes que sabemos que existen.

Eliminar discriminación por motivos de salud

En otro dictamen avalado se reforman los artículos 1 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de discriminación por motivos de antecedentes de salud física o mental. Considera como discriminación negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores, o por motivo de la condición de salud física o mental.

También, difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición y antecedentes de salud física o mental, o sobre cualquier otro dato personal sensible; estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/Sida, o con cualquier condición o antecedentes de salud física o mental. Fue avalado con 27 votos a favor, cero contra y cero abstenciones.

Opinión

Por unanimidad se aprobó la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política, presentada por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, que eleva a rango constitucional la protección de los derechos humanos de las personas procesadas o sentenciadas en los penales del país.

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar la implementación de políticas públicas y programas que aseguren la reinserción social de las personas privadas de su libertad, bajo un enfoque de inclusión y de libre discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, ideología política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores.

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