• Asistieron expertos, funcionarios y especialistas

• Abordaron el tema “Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública”

17-02-2022.- Durante el Foro 21 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, expertos funcionarios y especialistas abordaron el tema “Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública”.

Se requieren de grandes inversiones para incorporar nuevas tecnologías

Jorge Chávez Presa, economista y asesor en temas de finanzas, destacó que se debe reconocer el desafío que representa el sector y sustituir la generación de energías de fuentes fósiles por limpias, y que para ello se requieren grandes inversiones, a fin de incorporar nuevas tecnologías.

Apuntó que es la reforma más trascendental de la actual administración pero, de aprobarse como está, la hacienda pública se debilitará, habrá menos recaudación, más costo financiero y baja calificación crediticia, lo que pondría en riesgo el grado de inversión y quitaría el ánimo de invertir en el resto de fuentes productivas. “La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población, no más contaminación que afecte su salud”.

En la anterior reforma no se respetaron los compromisos de CFE

A favor, Carlos Guevara Vega, subdirector de Financiamiento y Coberturas de la CFE, expresó que en la pasada reforma energética no se respetaron los compromisos adquiridos por la CFE; “hay muchas plantas renovables, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que antes de la reforma comprometimos, porque íbamos a recibir bonos de carbono o Certificados de Energía Limpia y cuando viene la reforma energética le prohíben tomar estos incentivos”.

El sector privado no da los beneficios que esperan las comunidades originarias que detentan los recursos renovables más importantes del país en la parte eólica y solar; “no hay un desarrollo incluyente y compartido de estos beneficios a las comunidades indígenas, a centros agrarios, comunitarios y ejidales. La CFE, además de tener vocación sustentable, también es social, y tiene un desarrollo incluyente que permite transitar hacia mejores niveles de bienestar”.

La iniciativa presenta severos riesgos para la política fiscal

Víctor Gómez Ayala, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé, afirmó que la iniciativa actual presenta severos riesgos para la política fiscal, ya que podría incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ello su deuda. “Entre los riesgos que se identifica están los costos de generación, determinación de precios, la inversión física y el pasivo laboral”.

Aseguró que las reglas implícitas en la iniciativa repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del Gobierno Federal, por lo que lejos de romper con este ciclo vicioso que consume recursos públicos refuerza el conflicto. Cuestionó cómo se financiarán los recursos para la inversión del sector y qué estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración si el sector está estancado pese a los esfuerzos de la CFE.

El sistema eléctrico tiene características oligárquicas

A favor, Eduardo Bermejo López, gerente de Planeación de la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, dijo que el sistema eléctrico tiene características oligárquicas debido a que las reformas de 1992 y 2013 ayudaron a que se aliaran monopolios privados y grandes consumidores de electricidad lo que ha generado condiciones del mercado desiguales y mayor desigualdad social.

Puntualizó que la reforma busca generar espacios para la verdadera competencia. Agregó que el esquema actual del sistema eléctrico ha ocasionado un desfalco estimado en 490 mil millones de pesos debido al trato preferencial a los privados con los permisos, autoabasto y subsidios que el Gobierno Federal da a los productores. “Estamos en la disyuntiva de defender estos subsidios que se dan indebidamente del Gobierno hacia grandes generadores o reordenar el mercado y poner a la CFE en una ventaja de proteger sus recursos públicos”.

La CFE, con 30 años en deterioro

Al hablar en contra, Francisco Javier Alejo López, economista y director del Fondo de Cultura Económica, dijo que en los últimos 30 años la CFE ha sufrido un gran deterioro que la ha conducido a numerosos problemas estructurales, instalaciones obsoletas, excesos en personal en todos sus departamentos, tareas encomendadas por gobiernos cuyo costo no es restituido, robo de su producto en zonas urbanas populares y cláusulas onerosas en su contrato colectivo.

Alertó que el uso del combustóleo tipo maya de PEMEX en plantas térmicas de la CFE es contrario a tratados y dañino para la salud de los mexicanos, además de que hay un escandaloso rezago en la modernización de refinerías, en contraste al proyecto de Dos Bocas, indecisión por construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales que darían una valiosa contribución de energía limpia y el enorme excedente de oferta de capacidad de generación de proyectos de energía renovables. “Será difícil y costoso deshacernos de tal excedente”.

Fortalecer la confiabilidad del mercado eléctrico nacional

A favor, Fernando Renoir Baca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puntualizó que la reforma propone poner piso parejo y reconocer la contribución de la energía hidroeléctrica que será modernizada para el intercambio de los Certificados de Energías Limpias.

Subrayó que la iniciativa ofrece fortalecer la confiabilidad del mercado eléctrico nacional, modernizar los mecanismos de despacho en función de los atributos de la energía, no de un precepto o de una cláusula legal, eliminar subsidios y malas prácticas que favorecen a competidores privados, así como eliminar la obligatoriedad de la CFE para comprar por medio de subastas de largo plazo. “Habrá ventajas en la planeación, trato justo, se garantizará el tránsito energético y la seguridad nacional”.

Preguntas

La diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena) preguntó si al invertir las afores de mexicanos en el sector de la industria eléctrica privada, a cuánto ascienden las ganancias, pues no se han visto en beneficio de los trabajadores.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) pidió detalles de cómo se maneja el mercado de energía eléctrica en Francia, así como qué porcentaje de la demanda del mercado podría cubrir la CFE con su capacidad instalada

La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva, solicitó conocer la opinión de Baca Rivera respecto de los contratos actuales que mantienen los privados, y si los 490 mil millones de pesos que se afirman están subsidiados a privados.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) dijo que hasta ahora las tarifas de luz siguen siendo elevadas en las comunidades gracias a los negocios de los privados y a las consecuencias de la reforma energética de 2013 y preguntó ¿cómo los privados retribuyen a las comunidades la explotación de sus recursos? ¿Es esta la oportunidad para deshacernos de las cláusulas onerosas de los contratos derivados de la reforma de 2013?

Del PRD, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo cuestionó sobre cuáles son las urgencias de la CFE para lograr un crecimiento sostenido tomando en cuenta criterios sustentables, y cuál sería un proyecto de reforma idónea.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) preguntó si, financieramente hablando, recomendarían a inversionistas participar en un mercado eléctrico que, aún con solo 46 por ciento de participación, significa un mercado más grande que de otros países, y a ¿cuánto ascienden las ganancias que han generado los privados a partir de la reforma de 2013?

La diputada Judith Tánori Córdova (Morena) pidió saber qué pasaría de desaparecer la CFE del mercado nacional y si fuere el caso cómo podría tener el Estado la rectoría de la industria eléctrica y cómo garantizaría el acceso de la población. Solicitó información sobre el potencial de la CFE para responder por un desarrollo sostenido e incluyente

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) preguntó cuáles serían las consecuencias del cambio de figura de la CFE a empresa estatal en lugar de empresa productiva frente a un mercado global. Sobre los subsidios ¿cómo se conciliará entre los puntos de vista diferentes de la CFE y la IP?

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que debido a que hay un acuerdo para no empalmar el tiempo del desarrollo de los foros con las sesiones ordinarias, las preguntas que no se hicieron se enviarán a los ponentes para que las respondan y posteriormente se subirán al micrositio del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.

Respuestas de ponentes

Al dar respuesta, Chávez Presa aclaró que Francia posee una empresa productiva del Estado que no forma parte del techo de las finanzas públicas. Dijo que esta reforma es la oportunidad de construir una industria eléctrica que beneficie a México, y una CFE que reduzca las pérdidas técnicas con avances en la tecnología, eliminando los cuellos de botellas en la distribución.

Agregó que para que la reforma sea ideal se debe buscar que la CFE sea una auténtica empresa para los mexicanos y que pague un rendimiento como antes lo hacía, además que no debe otorgar, bajo ninguna circunstancia, subsidios. “Es tarea de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ver e investigar por qué no se han cobrado esos 490 mil millones de pesos, la omisión es también una falta muy grave”.

Alejo López explicó que las empresas tienen obligaciones de variada naturaleza, incluyendo el de revertir a la comunidad los beneficios obtenidos, lo cual puede ser mediante el cobro de impuestos sobre las utilidades, con el fin de lograr el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Comentó que el perdonar la deuda por miles de millones de pesos que tenían en Tabasco con la CFE por parte del Ejecutivo está bien, pero el director de la CFE debe pedir al Presidente la reposición del dinero, pues el producto no puede ser regalado.

Por su parte, Gómez Ayala puntualizó que es rentable invertir en asociaciones que se generan entre privados y empresas del Estado, pero lo que se busca no es quitarle los márgenes de beneficios que obtiene la CFE sino evitar que tomen decisiones que la comprometan.

Eduardo Bermejo López subrayó que en este momento, la ganancia de los contratos de productores independientes, que son alrededor de cinco o seis contratos y en los que faltan poco más de 20, 25 meses para que culminen, han recuperado su inversión en al menos uno y medio veces, lo que muestra que al menos han tenido rendimientos mayores a lo que invirtieron, es decir, poco más del doble.

Sobre los subsidios expresó que les han llamado subsidios indebidos porque la regulación es injusta, lo que se debe cambiar de raíz, y de acuerdo con esto “cambiando de raíz, sería: eliminar todos aquello que genera estos ahorros que le permite la ley. No es un subsidio, pero es un ahorro mal habido y esto no debería existir”.

Carlos Guevara Vega consideró que la no erogación de los 490 mil millones de pesos subsidiados a los privados favorecerá a solucionar la desigualdad social. “Si logramos recuperar esos 490 mil millones las finanzas no solo de la CFE, sino del Gobierno Federal, se verán fortalecidas porque estos recursos se podrán orientar para entregar la infraestructura que requiere el país de forma eficiente, oportuna, sustentable y con criterios de inclusión social”.

En cuanto a que si no pasa esta reforma, afirmó que “si no hay un cambio nos volveremos una empresa generadora más pequeña que no podrá responder ante una contingencia”. Subrayó que con el fin de hacer más eficiente a la CFE es necesario hacer economías de escala, de especialización entre el departamento jurídico, de contabilidad y recursos humanos.

En esta medida, se generarán ahorros que permitirán invertirlos en proyectos de inversión que redunden en mayores oportunidades y mejores costos de suministro. “Debemos tener una empresa eléctrica fuerte para que no sólo nos guíen los criterios de mercado, sino también nos guíen criterios de beneficio social”, agregó.

Fernando Renoir Baca Rivera puntualizó que los contratos derivados de la reforma eléctrica tienen cláusulas que serían inaceptables en un país con una economía más o menos desarrollada.

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