23-02-2022.- Con el fin de conocer las opiniones y propuestas de servidores públicos, sociedad civil, activistas, familiares de víctimas de siniestros viales, cámaras empresariales y académicos, la Comisión de Movilidad inició el Parlamento Abierto en materia de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El presidente de la Comisión, diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC), indicó que la dictaminación de este tema ya empezó desde el momento en que les fue turnada la minuta para hacer los trabajos necesarios y después someterla a votación.

“Estamos convencidos de que lo más importante es tener una primera normatividad marco en materia de movilidad, pero se requiere tener un diálogo para seguirla mejorando”, comentó.

Explicó que existen las bases sustantivas para continuar el crecimiento de una normatividad en materia de movilidad, que es impostergable, y el compromiso de trabajar con todas y todos quienes participan en estas audiencias en la materia para dejar de forma transparente una agenda de los pendientes a partir de la dictaminación.

“El objetivo central es lograr un trabajo colectivo, consensado y que sea el primer paso para, en lo que resta de la Legislatura, seguir trabajando en movilidad. Estamos reunidos principalmente por dos razones: que el derecho a la movilidad sea exigible y que no haya una muerte más en nuestro país por esta causa”, subrayó.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que es indispensable interiorizar en la Constitución y el marco legal este derecho humano, no sólo para homologarlo con los valores y estándares internacionales, sino porque está de por medio la seguridad de las personas y el desarrollo de nuestro país. No podemos permitir que sigan ocurriendo más accidentes por falta de una cultura de la prevención y del respeto al uso del espacio público”.

Agregó que estas reformas son parte de una agenda que coloca a la ciudadanía al centro del escenario social para la atención de sus necesidades en la cotidianidad de su vida, en el transporte público, la bicicleta, el automóvil o cualquier otro medio en cuyos trayectos se presenta un abandono por parte de los tres niveles de gobierno, como la falta de iluminación, señalización, que han derivado en un uso inadecuado del espacio público.

La diputada Santy Montemayor Castillo (PVEM) comentó que es necesario homologar los pasos que se han dado desde cada municipio, para que todo el país esté ordenado y planeado en el tema de movilidad, por lo que es de suma importancia escuchar a expertos para abordar la discusión de manera informada.

Explicó que en las últimas décadas México ha vivido un crecimiento acelerado de las grandes ciudades, que trae consigo un sinfín de problemas y complicaciones entre los que están la movilidad y la seguridad vial, porque en nuestro país hay más de 17 mil muertes ocasionadas por siniestros viales cada año, cifra que va al alza y no va a cambiar hasta que se le dé importancia al peatón y se le reste al transporte particular.

Del PRI, la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro dijo que coincide que este dictamen debe pasar lo más pronto posible, porque es urgente para que estados que no han armonizado sus leyes lo hagan a la brevedad, aunque, destacó, la siguiente lucha debe ser para que haya secretaría de movilidad y seguridad vial federal.

“Saquemos adelante este trabajo que muchas y muchos mexicanos estamos esperando, sin duda será un gran primer paso para salvar vidas, que no es algo menor”.

Del PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas precisó que los municipios urbanos en México concentran el 60 por ciento de la población nacional, por lo que la movilidad es elemento central en la dinámica de desarrollo de las ciudades. “Es un factor determinante tanto para la productividad económica del territorio como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación”.

Sostuvo que la ley que se discute pretende ser un medio para afrontar de manera eficaz problemas relacionados con el traslado de personas y mercancías; sin embargo, ésta debe integrar también un enfoque federalizado entre los distintos ámbitos de gobierno y entre distintos gobiernos, porque no señala a los municipios, quienes son por mucho los que financian y sostienen los mayores proyectos de movilidad.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) aseguró que la movilidad va más allá de trasladarse de un lugar a otro, porque representa trabajo, educación, seguridad, inclusión, desarrollo y bienestar; por ello, la importancia de la discusión y análisis de este dictamen de lo que será la primera ley en la materia y que se aplicará en toda la República.

Destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores de la sociedad con el objetivo de nutrir este dictamen, que se hará con perspectiva de género, de grupos vulnerables y de víctimas de un accidente. “Será un trabajo que verdaderamente represente a todos y cada uno de ellos”.

De la misma bancada, la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas celebró la participación de la sociedad civil que ha empujado por mucho tiempo este proyecto para que sea posible.

“Que los trabajos resultantes de hoy sean para bien y para mejoramiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.

Participación de invitados

Álvaro Lomelí Covarrubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), agradeció este dialogo plural, transparente y abierto para discutir y escuchar las diferentes voces que retroalimentarán este proyecto que puede reforzarse y localizar las debilidades que pueda tener.

Precisó que ocho de cada 10 personas se trasladan en las diferentes modalidades de transporte público que, en ciudades medias, es conocido como hombre-camión, el cual se ha vuelto inoperante e insuficiente, pues cada concesionario pelea el pasaje; es una pugna que provoca accidentes y un pésimo servicio, por lo que este marco será una oportunidad para mejorarlo.

El senador Eli Cervantes, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, puntualizó que lo que se busca, a partir del 18 de diciembre de 2020 cuando se vuelve constitucional, es que la movilidad no sea un privilegio, sino un derecho humano. “Esta ley no solo contempla a zonas urbanas, sino a las insulares y rurales donde hay problemas para movilizarse”.

Alejandra Leal, representante de la Coalición de Movilidad Segura, indicó que están interesados en acompañar el proceso de esta ley. “Lo que nos une es que ninguna muerte o lesión grave por siniestros de tránsito que pudieron haber sido prevenibles es aceptable, sobre todo si esta situación puede cambiar”.

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