• Comisión se reunió con el titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

• Han sido ultimados 252 comunicadores de 2006 a la fecha

07-03-2022.- La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), se reunió con el titular y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación.

Carrasco Godínez subrayó la necesidad de tratar, trabajar y ocuparse de este tema que es muy importante, por lo que, dijo, “estaremos atentas y atentos para trabajar en una Ley General en la materia, porque es propicia y urgente”.

Agradeció las participaciones de las y los diputados en la reunión semipresencial, porque “sirve para poner en la mesa todas las opiniones y dudas, con la única finalidad de seguir avanzando en este tema”.

Las agresiones hasta hoy prevalecen

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, señaló que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Precisó que “en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el Mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos”.

Indicó que el Mecanismo de Protección es un órgano de coordinación y cooperación entre la Federación, las entidades federativas y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo o bajo amenaza.

Detalló que el 53 por ciento de las personas periodistas incorporadas al Mecanismo se concentran en 6 entidades federativas: Ciudad de México, 79; Guerrero, 58; Tamaulipas, 49; Quintana Roo, 42; Veracruz, 26, y Oaxaca, 22. Asimismo, de diciembre de 2018 a febrero de 2022 se han registrado 98 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

“Necesitamos una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades municipales y estatales, así como construir un sistema nacional de prevención y protección de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, agregó.

Participación de las y los integrantes de la Comisión

La diputada de Morena, Inés Parra Juárez, consideró primordial diseñar una ley nacional que vincule a los diferentes órganos de gobierno y se evite que estados y municipios se escuden en la autonomía y no defiendan los derechos humanos de la ciudadanía. Propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sólo dé recomendaciones sino que actué como una defensoría.

Del PAN, la diputada Ana María Esquivel Arrona subrayó que se estima que de 40 a 45 por ciento de las agresiones proceden de autoridades municipales. Además, cuestionó qué se ha hecho respecto a los asesinatos de periodistas, ya que de acuerdo a la media de las administraciones pasadas estos han aumentado.

La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, expresó que es necesario que el Mecanismo sea fortalecido más allá del tema de un marco legal y jurídico, por lo que preguntó si el presupuesto de 388 millones de pesos de ese Mecanismo es suficiente para ejecutar las tareas encomendadas.

El diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena) apuntó que la defensa de los derechos humanos es un asunto que debe involucrar a las instituciones gubernamentales correspondientes y organismos internacionales. Además, preguntó al funcionario si existe una estrategia para salvaguardar la integridad de estas personas y cómo puede contribuir la Comisión en su difusión.

Mediante la plataforma digital, la diputada de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, destacó que en la actualidad el Estado mexicano ha reconocido la crisis de derechos humanos. Pidió que se detallara la razón por la que en 2012 se optó por una ley federal y no una general.

También a través de plataforma digital, la diputada Marisol García Segura (Morena) solicitó información respecto a las acciones que genera el Mecanismo para promover un enfoque de género e intercultural para asegurar el liderazgo de las defensoras en la toma de decisiones. También si se lleva un registro de agresiones contra las mismas que incluyan indicadores de violencia de género.

De manera remota, la diputada del PRI, Norma Angélica Aceves García, estimó que el Mecanismo debe actuar con urgencia para salvaguardar y poner fuera de peligro a quienes lo requieren. No obstante, pidió que se explicara cómo se garantiza la integración social de las personas beneficiadas por este Mecanismo, qué denuncias se realizan para disuadir o sancionar a los posibles agresores y qué duración tiene el apoyo.

Respuestas

Al dar respuesta, Enrique Irazoque Palazuelos comentó que quienes deben atender el tema en primer nivel son las autoridades ordinarias, las áreas de gobierno y seguridad de los municipios y estados, las fiscalías, tengan el apoyo del Mecanismo o no lo tengan.

“Hay más asesinatos hacia personas defensoras de derechos humanos que hacia periodistas; los dos sectores tienen la misma problemática y su labor es igual de valiosa para la construcción de la democracia de este país, y por eso es importante seguir puntualizando una visión igualitaria al momento de atender la situación”, agregó

Indicó que el Mecanismo brinda toda la atención y asistencia a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos y orienta a las mismas y los acompaña para que interpongan la denuncia. Lo que hay que decir también es que hay gente que no quiere denunciar y es algo que nosotros respetamos.

En la reunión también estuvieron Erick Martín Javier Salas, director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y Fabiola Salazar Gutiérrez, coordinadora de oficina de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

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