• La intención es conocer logros, retos y pendientes: diputado Romero Hicks

• Diputadas y diputados externan cuestionamientos respecto de lo realizado por el organismo

16-03-2022.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), se reunió con el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, con el fin de conocer su funcionamiento y propuestas para la agenda legislativa.

El diputado Romero Hicks explicó que la intención es escuchar del secretario técnico “qué es el Sistema, cómo ha funcionado, algunos de sus logros, los retos, los pendientes y áreas de oportunidad”.

Precisó que “estamos en un espíritu de construir una agenda que tendría que ver con algunos cambios legislativos, propuestas de política pública”. Es un diálogo interactivo sobre “dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, y qué tenemos que hacer para que esto pueda funcionar mejor”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (Morena) comentó que el Sistema de Fiscalización del Estado de Jalisco tiene acusaciones de corrupción en el mismo órgano y señaló que el Sistema no está funcionando. “Hay gobiernos corruptos que no están siendo sancionados”.

En tanto, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) preguntó qué sucede con el presupuesto transversal anticorrupción y qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados. “En los hechos vemos que no se está dando, es mucho discurso, pero poco efectivo el tema anticorrupción”.

De Morena, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez externó su inquietud por conocer qué áreas de oportunidad se observan para mejorar los mecanismos de control. Preguntó cuáles son las estrategias implementadas para generar una mayor coordinación en todos los órdenes de gobierno y qué se puede hacer para combatir la corrupción.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) pidió información respecto de los criterios de la política nacional anticorrupción. ¿Cuál es la orientación y en dónde estamos fallando? También inquirió sobre lo realizado en estos tres años, cuál es el saldo de la administración, los pendientes y por qué desapareció la Secretaría Ejecutiva.

De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina destacó que para la ciudadanía es fundamental que se garantice la transparencia y el manejo honesto de los recursos públicos. Expresó su preocupación por la información que ha aparecido respecto de una posible disminución o desaparición de los órganos desconcentrados. Resaltó la importancia de que en el Sistema se garantice la igualdad de género.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) peguntó qué faltó para que el Sistema dé mayores resultados. A casi 6 años de su creación, “creo que si logra sobrevivir a esta etapa qué se debe hacer para fortalecerlo porque no es suficiente lo que está haciendo”. Pidió opinión sobre el funcionamiento del organismo.

Del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala dijo que sí ve logros en el Sistema Nacional Anticorrupción. Preguntó cómo se apoya a los estados que carecen de recursos para implementar este Sistema y qué se ha hecho para cumplir con los mandatos de la austeridad.

El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) cuestionó cómo se incentiva desde el Sistema Nacional Anticorrupción el trabajo de los sistemas locales, cómo se potencia y evalúa el cumplimiento de las políticas estatales en este ámbito y qué mecanismos se han instaurado para promover su desarrollo y funcionamiento.

Por su parte, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) externó su preocupación por esta “amenaza que quieren desparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción” y pidió que se opine sobre ello. Además, preguntó respecto de la obligación de que el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción rinda un informe anual y sobre el Anexo Transversal.

Jesús Fernando García Hernández, diputado del PT, comentó que la política nacional anticorrupción se sustenta en un marco legal sólido aprobado en el Poder Legislativo. Inquirió sobre “cómo se articula este moderno y completo mecanismo ante la presunción de irregularidades y actos de corrupción en el ejercicio del servicio público para fincar las responsabilidades jurídicas a quienes resulten responsables”.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) dijo: “Estamos tratando de entender por qué no ha dado los resultados esperados este Sistema Nacional y seguimos viendo casos de corrupción del pasado y del presente”. Preguntó cómo se puede vincular con el Comité de Participación Ciudadana “con todo lo que se tiene que llevar a cabo y que nos sentemos para hacer propuestas específicas”.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) sostuvo que el verdadero problema de México es la impunidad y que no hay sanciones. Estimó que las funciones del Comité de Participación Ciudadana son crear la política estatal o la política nacional en materia de combate a la corrupción.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, resaltó que uno de los pilares de esta secretaría es la política nacional anticorrupción y ésta es para todos los entes públicos del país, para todas las entidades; “hoy tenemos 20 políticas estatales aprobadas, cada una acorde con el estado que la aprobó”. Precisó que otro de los brazos fundamentales es la plataforma digital nacional, un instrumento de inteligencia para combatir la corrupción.

Agregó que hoy en día son seis sistemas: los de la plataforma, el de declaraciones patrimoniales, el sistema de servidores y particulares sancionados, el sistema de servidores que intervienen en contrataciones públicas, el sistema de contrataciones públicas, el sistema de fiscalización y un sistema de denuncias anónimas.

Comentó que este Sistema ha tenido como logro, con el acompañamiento del INAI, que por primera vez “pudimos determinar las sanciones de octubre de 2020 a 2021 que fueron formalmente impuestas y cobradas: 5 mil 11 procedimientos que concluyeron en sanción; sanciones impuestas a servidores públicos, 7 mil 943; el monto de las sanciones fue de 195 millones de pesos, pero el monto cobrado es de 224 mil pesos, el 0.11 por ciento de las sanciones que se han impuesto, obviamente porque algunas están en litigio, otras probablemente ya hayan causado estado”.

En el caso de las declaraciones patrimoniales, indicó, se han tenido 160 amparos de servidores públicos que consideran que no deben presentar o hacer pública su declaración patrimonial de entes autónomos y de académicos. “Al día de hoy no hemos perdido un solo amparo; tenemos dos ejecutorias de tribunales que confirman la sentencia de primera instancia, pero lo importante es que vean ustedes que al final del día hay renuencia de este tipo de cuestiones como es la declaración patrimonial”.

Estimó que los retos son: interconectar la plataforma digital nacional, la recomendación vinculante del comité, tener las 32 políticas estatales y los 32 programas de implementación y adecuar en la medida de lo posible el marco legal para fortalecer el Sistema.

Mencionó algunas propuestas de reformas para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de la Política Nacional Anticorrupción se tiene un Anexo transversal anticorrupción, y “no puede quedar año con año y muy probablemente requerirá una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que fuera obligatorio y de esa manera no se perdiera”. Asimismo, establecer que el Secretario Técnico rinda un informe anual de labores al Congreso de la Unión.

Respecto al Comité de Participación Ciudadana, facultarlo para que se pueda realizar exhortos de manera directa e incorporar una plantilla de cinco servidores públicos por honorarios como apoyo para el Comité de Participación Ciudadana. Acompañamiento de dicho Comité en el nombramiento de las personas contraloras. Además, establecer la prohibición expresa para que en la Comisión de Selección no existan los votos de calidad.

En cuanto al tema de la desaparición de la Secretaría, dijo que es público y “yo recibí un oficio en donde se me pedía el informe de impacto presupuestal, es decir cuánto cuesta la Secretaría y cuánto sería el ahorro presupuestal, y conforme a la norma contesté en el plazo que me lo pidió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y le reporté exclusivamente eso,123 millones y pico que es lo que se podría ahorrar en caso de que desapareciera la Secretaría”. Aclaró que es una iniciativa que no se ha presentado.

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