|
La Comisi贸n Permanente del Congreso de la Uni贸n solicit贸 al procurador General de la Rep煤blica, Jes煤s Murillo Karam, informaci贸n sobre la especializaci贸n del personal que investiga, persigue y atiende a ni帽as y mujeres v铆ctimas del delito.
En un punto de acuerdo propuesto por la diputada panista Leslie Pantoja y avalado por el pleno, legisladores pidieron informaci贸n sobre el cumplimiento de las garant铆as en la investigaci贸n, persecuci贸n y sanci贸n de los cr铆menes contra ese sector de la poblaci贸n, uno de los objetivos de la reforma en la materia en 2012.
En el documento reconocieron que se ha avanzado en la atenci贸n y erradicaci贸n de la violencia contra el g茅nero, sobre todo luego de las modificaciones al C贸digo Penal Federal y las leyes General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica Federal y Org谩nica de la PGR.
No obstante, aseveraron que el tema no ha sido atendido de fondo pues se han generado sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra ellas, pero no se les ha dado cumplimiento cabal.
"Se ha notado la evoluci贸n en el desarrollo de normas que definan y regulen las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores p煤blicos", agregaron, aunque faltan muchos rubros por atender de manera concreta como las faltas de servidores p煤blicos en atenci贸n de cr铆menes cometidos contra las mujeres en materia de feminicidio.
Expusieron que aun cuando hay leyes claras en las que se insta a las instituciones a aplicar programas de estudios para la especializaci贸n de servidores p煤blicos responsables de esa labor no se ha tenido claridad de las actividades que se est谩n llevando a cabo para que efectivamente se les d茅 cumplimiento.
La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetici贸n de los hechos de violencia en general y env铆a un mensaje seg煤n el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, se帽alaron.
Como prueba de ello citaron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento de su deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, como en el caso conocido como Campo Algodonero.
Los legisladores plantearon que esas resoluciones han puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, polic铆as y fiscales impiden una investigaci贸n eficiente de los delitos. /gh/m |
