El diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza rechazó que exista una controversia constitucional si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propone a dos integrantes del Comité Técnico que seleccionará a los aspirantes a consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, el vicecoordinador jurídico del PRI en San Lázaro explicó que no existe controversia entre los artículos 41 y 102 de la Constitución, como dicen los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, ya que la CNDH no nombrará a funcionarios de ese organismo para que integre al Comité Técnico de Evaluación.

De acuerdo con la convocatoria que aprobaron los diputados federales para elegir a los 10 integrantes del Consejo General del INE y a su presidente, se tiene que integrar dicho comité con dos personalidades o notables que nombren el IFAI, dos la CNDH y tres la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

En este sentido, el legislador por Nuevo León indicó que la Jucopo acordó cumplir con la Constitución, pues hay una reforma constitucional que se tiene que acatar.

Indicó que aunque el artículo 102 diga que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades para intervenir en temas electorales, el artículo 41 de la reciente reforma constitucional, puntualiza cómo se tiene que constituir dicho comité técnico de evaluación.

Gutiérrez de la Garza dijo la CNDH no participará, sino que nombrará a un representante de ese organismo autónomo para que integre un Comité de Evaluación para la designación de los 10 consejeros y el consejero presidente del Consejo Nacional del nuevo INE.

Afirmó que con lo anterior no hay ninguna participación de manera directa por parte de la CNDH, ni del IFAI, ya que no nombrarán a personas involucradas o que trabajen directamente en estos organismos, sino a notables expertos en temas electorales y de democracia.

El diputado señaló que la postura del PT y de Movimiento Ciudadano de que existe una controversia constitucional por este motivo "se cae de tajo dado que hay una reforma constitucional.

"Ellos señalan que hay una contradicción entre ambas normas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá más adelante, si es que este asunto llega a esa instancia, para ver si hay la inconstitucionalidad, que en lo personal no comparto esa tesis".

Añadió que dicho posicionamiento de que existe una controversia constitucional no tiene ninguna razón, porque sólo la CNDH nombrará dos representantes para intervenir en ese proceso. Con ello, dijo, los partidos de izquierda pretenden diferir la instalación del consejo.

El Comité Técnico de Evaluación se encargará de seleccionar de los aspirantes que se registren ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, los expedientes de los posibles candidatos para concretar una lista de 50 que presentará a la Jucopo.

El 20 de febrero la Junta de Coordinación Política dará a conocer los nombres de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación para que el 21 quede instalado, y se establecerán los mecanismos de coordinación y apoyo necesarios para el debido cumplimiento de la función de selección de los candidatos a consejeros.

Será ese mismo día cuando se inicie la inscripción de aspirantes, proceso que terminará el 5 de marzo.

El acuerdo señala que los nombres y datos curriculares de las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación serán publicados en el portal de Internet de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx).

El 7 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación debe entregar a la Jucopo la relación y expedientes de todas y todos los aspirantes, es decir 11 listas.

"El Comité Técnico de Evaluación establecerá un método de evaluación que incorpore criterios y objetivos para evaluar el conocimiento, la experiencia, trayectoria personal, profesional y solvencia ética de las y los aspirantes, considerando el principio de equidad", destaca el acuerdo.

La convocatoria indica que el consejero presidente durará en el encargo nueve años al igual que tres consejeros electorales más; otros cuatro durarán seis años, y los tres restantes tres años, contados a partir de su designación, en cada uno de los casos.

Entre los requisitos que deberán acreditar las y los aspirantes, destacan el ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ys/m.