La Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reforzar los mecanismos de seguridad de los documentos oficiales que certifiquen el grado académico de los estudiantes.

Indicó que de acuerdo a datos de la propia dependencia, de 2002 a 2012 se detectaron tres mil 147 cédulas profesionales y mil 914 certificados de bachillerato falsos, además de que autoridades capitalinas han detenido a 47 personas en operativos realizados en la Plaza de Santo Domingo, de 2011 a 2013, por el delito de falsificación.

Además, se respaldó la propuesta de sostener una reunión con autoridades de la Dirección General de Profesiones, de la SEP, para conocer los sistemas de seguridad que implementa en los certificados educativos, y qué hace respecto a las instituciones que han sido denunciadas de participar en el ilícito de falsificación de documentos.

Apuntó que de acuerdo con investigaciones documentales, por seis mil pesos es posible obtener un título profesional apócrifo, una cédula profesional o un certificado de estudios, y por dos mil pesos, una credencial para votar o un pasaporte.

La propuesta fue presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Moreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, y se solicita que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga y consigne a quienes hayan incurrido en el delito de falsificación de documentos oficiales.

El documento avalado por los integrantes de esta instancia legislativa detalla que entre las entidades federativas con más cantidad de documentos falsos –en comparación con la cantidad de egresados-, están Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, estado de México, Puebla e Hidalgo.

Incluso, agrega, la misma Secretaría de Educación Pública ubicó que de 2002 a 2012, los certificados de bachillerato y los títulos universitarios de las carreras de enfermería, medicina y derecho son los más demandados para falsificar.

“Esto también puede estar ligado con el robo de identidad o suplantación, ya que para realizar tales delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes”, señala.

Los legisladores promoventes hicieron hincapié en la obligación que tiene la Cámara de Diputados de velar porque los documentos que acreditan a los profesionales cuenten con códigos o lineamientos de máxima seguridad para que no sean falsificados.

Además de erradicar en las dependencias la emisión de documentación oficial, y con esto, las prácticas corruptas de quienes laboran en estos sitios.

La Comisión de Educación, consideró pertinente perseguir de oficio la comisión del delito de falsificación, “por lo que es menester no sólo evitar que se reproduzca la práctica, sino que se castigue a aquellos que han vulnerado la credibilidad de las instituciones académicas y del Estado”.

Durante la discusión de la propuesta, la representante de Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas Pérez, externó que en la actualidad esta problemática puede observarse en todo el país, tanto en bachilleratos, escuelas técnicas, como en instituciones de educación para adultos.

A su vez, el diputado del PAN, Alfonso Robledo Leal, manifestó: “se están falsificado títulos, cédulas y muchos otros documentos; eso quiere decir que no se está aplicando la ley y alguien ahí adentro (en las instituciones) que no está haciendo su trabajo”.

Por su parte, el legislador del PRD, Víctor Nájera Medina, destacó que quienes han estado al frente de los planteles educativos, como fue su caso, conocen la gravedad de la problemática, pues es un abuso por parte de las bandas de falsificadores que ha durado muchos años.

“Estamos obligados a hacer nuestro el exhorto y a mejorarlo. La autoridad educativa tiene la obligación de certificar también los documentos de maestros y trabajadores educativos. Esto es algo que debió hacerse mucho tiempo atrás”, expresó.

En tanto, el priista, Arnoldo Ochoa González, coincidió con otros legisladores en que los exhortos representan una “práctica legislativa que no resuelve nada”, pues “sólo sirven para recordar la obligación y responsabilidad de los funcionarios del Gobierno federal”.

Ante ello, los miembros de la Comisión respaldaron una propuesta para sostener una reunión con autoridades de la Dirección General de Profesiones de la SEP, ya que tiene entre sus labores detectar documentos falsos.

“No obstante, los candados de certificación que implementa son ineficientes”, porque sólo toma una muestra del universo de certificados que circulan en el país, ante la imposibilidad de hacerlo con todos los existentes.

“Por ello, es menester que explique cuáles son los mecanismos que posee para detectar la validez de los documentos, además de que los legisladores podemos hacer aportaciones durante los trabajos en conjunto”, concluyeron. agb/m