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A fin de evitar más casos de corrupción de empresas como Oceanografía, así como sus efectos sobre la hacienda pública, las leyes secundarias en materia energética deben reducir la posibilidad de fraude y elevar el costo a quien lo cometa, sostuvo el legislador Ángel Cedillo Hernández. El secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados indicó que la corrupción imperante en el sector energético fue de los temas cuya discusión fue bloqueada por quienes impusieron la reforma constitucional en la materia. Sin embargo, dijo, el caso de Oceanografía hace evidente que la falta de claridad en las leyes, en especial respecto a licitaciones, abre las puertas a la corrupción, al fraude y al conflicto de interés. Recordó que quienes impusieron la reforma constitucional rehuyeron el debate sobre éste y otros temas, y se dieron a la tarea de descalificar a quienes se les oponían acusándolos, entre otras cosas, de sacralizar los artículos en materia energética. Este tipo de descalificaciones, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impidió “plantear las verdaderas problemáticas y con ello se pretendió evadir la denuncia de los verdaderos retos para, simplemente, llevar a cabo acciones que beneficien a unos cuantos”. Expuso que la Ley de Contratos, por ejemplo, debe hacer que las empresas ganadoras de los mismos se apeguen a la legalidad y ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo del país. “Con ello evitaremos toda sospecha de una existencia de conflictos de interés entre quienes gobiernan y sus familias, o entre distintas administraciones gubernamentales que suceden e intenten favorecer a empresas determinadas”, reiteró. Cedillo Hernández insistió en la necesidad de evitar el mal uso de los energéticos nacionales, pues resulta indispensable protegerlos por seguridad nacional, y de darse una escasez de los productos derivados de ellos se podría generar una crisis social de dimensiones incalculables./arm/m |
