La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre telecomunicaciones, aun con los cambios anunciados por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se dará paso a la violación de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, entre otros.

El Relator de Libertad de Expresión de la CDHDF, Vladimir Chorny, señaló que para ese órgano autónomo, el proyecto del Ejecutivo Federal y también la propuesta de pre-dictamen del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, son una “contrarreforma”.

Puntualizó que entre los aspectos más preocupantes del ordenamiento, están la “censura previa”, el bloqueo de señales de internet para evitar el acceso en determinadas áreas o zonas y la geolocalización en tiempo real, por tratarse de medidas “típicas” de gobiernos autoritarios.

Durante el foro temático organizado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez, el relator de la CDHDF indicó que el planteamiento del Ejecutivo Federal y el documento del senador Lozano Alarcón, implican un retroceso en materia de derechos humanos.

De aprobarse, advirtió, situaría a México como una de las naciones que han dado pasos autoritarios frente a la libertad de expresión.

Quitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de revisar contenidos, para trasladarla a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), alertó, va contra las disposiciones constitucionales en la materia, al igual que las dificultades y excesivos requisitos para los medios públicos y sociales, que en términos llanos están siendo discriminados.

Enfatizó que con el elemento de la “censura previa”, se agrava el carácter violatorio del proyecto, porque “amarra” a los medios públicos a seguir la línea del Ejecutivo, a fin de no ser hechos a un lado del financiamiento.

Al considerar que en general, la iniciativa lesiona la libertad de expresión, los derechos digitales y configura un “ataque frontal” contra el internet y la libertad en las redes sociales, consideró que ello se debe a que al Gobierno Federal no le gustan las críticas, a las que busca limitar a través de disposiciones como el bloqueo de señales.

Chorny Elizalde calificó como preocupante el intento de censura previa, porque vulnera dos principios fundamentales: la neutralidad de la red y la no responsabilidad de intermediarios.

Indicó que el pre-dictamen presentado por el senador panista es muy similar al del Ejecutivo y ninguno cumple el ofrecimiento de eliminar la parte de bloqueo de contenidos de internet, pues se establece que si un juez o la autoridad competente, en este caso Gobernación, solicitan bloqueos a los concesionarios, éstos prácticamente se convertirán en “policías de la red”, vigilantes de los datos que intercambian sus usuarios.

Otro elemento violatorio y discriminatorio, será cuando los prestadores del servicio aceleren o disminuyan la velocidad y capacidad para descargar datos, en beneficio de determinados actores en particular, dijo.

Enfatizó que el artículo 190, referente a las razones de amenaza a la seguridad nacional y la seguridad pública, para ordenar el bloqueo de señales de internet, derivarán en daños a la libertad de expresión.

Como ejemplo hipotético, citó el caso de una manifestación social y la imposibilidad de los asistentes para comunicar lo ocurrido, al igual que de los periodistas para divulgar la información.

Es en ese sentido donde las autoridades incurrirían en medidas autoritarias como las que han aplicado los gobiernos de Egipto, Venezuela, Ucrania y Turquía, en el marco de las protestas sociales registradas en esos respectivos territorios.

En el caso de la geolocalización en tiempo real, el Relator de la CDHDF añadió que se abre la puerta a la violación de la privacidad de las personas, pues al saber exactamente qué sitios visita un usuario, con qué frecuencia, por cuánto tiempo y en qué momentos, la autoridad podría revelar las preferencias políticas, religiosas e incluso el estado de salud del usuario de telecomunicaciones.

Asimismo, la retención hasta por 12 meses, de los datos consultados, enviados, mensajes, correos y contenido de las conversaciones privadas de los usuarios, es inconstitucional, apuntó.

De modo que, de aprobarse en los términos planteados, las leyes en telecomunicaciones configurarían un ataque contra las libertades, ante el que organismos como la CDHDF deben estar atentos.

Lo anterior, porque el discurso del Gobierno Federal de que no habrá violaciones a la libertad en internet es falaz, pues no se han eliminado los elementos regresivos incluidos en los proyectos en estudio.

También durante el foro realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Adriana Solórzano Fuentes, académica y Figura de Mediación en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), enfatizó que las iniciativas oficiales discriminan a los medios comunitarios, a los que se imponen tal cantidad de requisitos, que en los hechos, se agrede el derecho a comunicar y generar contenidos.

Al referir a los derechos de las audiencias, la especialista lamentó que el Ejecutivo Federal solo los haya tomado en cuenta en la parte enunciativa, porque en las disposiciones por aplicar, no se cumplirán.

Si no se promueve una verdadera competencia, si no se permite a los medios comunitarios y públicos acceder al financiamiento que les signifique la sobrevivencia y si los agentes preponderantes siguen manteniendo el control en sus respectivas áreas, no habrá programación ni contenidos plurales, recalcó.

Los documentos oficiales tampoco protegen ni incluyen los derechos de las comunidades indígenas, no garantizan el debido respeto del derecho de réplica y no refiere a los necesarios mecanismos de transparencia para conocer el origen del financiamiento a los grandes medios privados, criticó.

En su oportunidad, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (INFODF), Mucio Hernández, recalcó que lo propuesto por el Presidente de la República y el senador Javier Lozano, van contra la perspectiva de derechos humanos.

Los usuarios de las telecomunicaciones no tendrán derechos digitales, enfrentarán el bloqueo de señales según lo indique la autoridad, serán geolocalizados en tiempo real, con lo que se invadirá su privacidad y se violentarán las disposiciones de protección a los datos personales, sentenció.

Finalmente, la diputada Alavez Ruiz, expresó sus reservas ante la decisión de posponer el debate en el Senado, hasta el mes de junio.

Advirtió que ello podría obedecer a la estrategia de compaginar la toma de decisiones fundamentales en el Congreso, con otros eventos que acaparan la atención de la población, en este caso, el desarrollo del Mundial de Futbol, en Brasil. ys/m.