La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, planteará una serie de propuestas en materia de reforma al campo, a fin de promover una mayor participación del Estado en el impulso a la producción de alimentos, proteger al sector al impedir las importaciones durante las temporadas de cosecha y controlar el uso de semillas transgénicas.

Lo anterior, a través del documento titulado “Hacia un Campo Mexicano Solidario, Autosuficiente, Sustentable, Justo, Solidario y Competitivo”, que será entregado a la “comisión permanente” creada con el fin de analizar la Reforma para la Transformación del Campo, indicó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gisela Mota.

La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria en San Lázaro, aseveró que también se busca garantizar que el campo mexicano cuente con mayor presupuesto y el sector se “desburocratice”.

Asimismo, se pide crear un Banco Nacional de Alimentos que permita regular los precios y hacer frente a periodos de escasez, abundó.

La diputada Mota Ocampo señaló que el documento será entregado a la comisión en que participan diputados, senadores y representantes del Ejecutivo Federal, a fin de que lo analicen y tomen en cuenta en el diseño de la propuesta de cambio para rescatar el campo mexicano y hacerlo autosuficiente.

Planteó que de acuerdo a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, es necesario simplificar las reglas de operación de los programas federales de apoyo, “desburocratizar al agro”, eliminar requisitos excesivos y garantizar que los pequeños productores también cuenten con respaldo económico, a través de una redistribución del gasto que hasta el momento, acaparan los grandes productores.

La legisladora de izquierda enfatizó que los pequeños productores necesitan mayor apoyo económico, para evitar que vendan sus tierras, las abandonen y migren a las urbes o a otras naciones, puesto que la actividad agrícola en México no es rentable.

Señaló que en el proyecto a presentar, se pide que el Estado apoye hasta con el 90 por ciento de los recursos necesarios a los campesinos más pobres y con 80 y 50 por ciento a los otros productores, dependiendo de su capacidad económica.

Recordó que actualmente, todos los productores deben ceñirse a las mismas reglas de participación, donde quienes tienen solo un título agrario, deben poner la mitad del dinero que sus proyectos requieren, lo que dificulta la inversión para los menos favorecidos.

Por ello, abundó, se propone establecer un Subsidio Directo a la Tasa de Interés, de modo que los productores no paguen más que la cantidad de dinero que solicitan y se les entrega.

También se buscará, dijo, dejar de aplicar el criterio de Buró de Crédito, como condicionante para acceder al apoyo federal y promover un mayor financiamiento por parte de la Banca de Desarrollo.

“Se impulsarán los contratos de compraventa a futuro de bienes agropecuarios y pesqueros con instituciones encargadas de asegurar el derecho a la alimentación, como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, el DIF, entre otros, los cuales se basarán en pagos del 50 por ciento de anticipo y el resto contra la entrega de la producción”, refirió.

Insistió en que se pedirá prohibir y sancionar la importación de alimentos en temporada de cosecha, para privilegiar la producción nacional.

Asimismo, se pretende que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Constitución, se establezca que solo el Estado mexicano tendrá autorización de producir semillas transgénicas, con el apoyo de instituciones de educación e investigación.

En el mismo tenor, se buscará impulsar la “propiedad social” de ejidatarios y organizaciones campesinas, a través del Programa Nacional de Desarrollo de la Agricultura de Baja Escala, dedicado a producir alimentos orgánicos.

Se solicitará crear el Programa Nacional de Extensionistas Rurales, “dirigido al minifundio, donde cada ejido cuente con un técnico responsable pagado por el Estado. Con tres mil extensionistas, se podría dar atención a todos los ejidos del país, a razón de un técnico por cada 10 ejidos”, explicó.

La legisladora dijo que la ley también debe facultar al Estado para ser el responsable del a producción y entrega de fertilizantes al productor, con el propósito de no comprometer la soberanía nacional.

En lo particular, la diputada del Sol Azteca consideró que la reforma al campo debe ser vista como “estratégica” y con la misma importancia que los cambios energéticos, por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

Se pronunció a favor de que en el debate, ya sea legislativo o en foros, se incluya a todas las organizaciones campesinas del país, a fin de enriquecer el análisis y tomar en cuenta las propuestas de quienes conocen la realidad del campo. ys/m.