Senadores y diputados federales acordaron agilizar la aprobación de la iniciativa de Ley General sobre Desaparición de Personas.

Raquel Jiménez Cerrillo, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Palacio Legislativo de San Lázaro, destacó, “sin colores, sin partido, sin ningún tipo de ideología, simplemente para dar respuesta a esta problemática que lacera la dignidad de las personas”.

Al participar en la mesa de análisis y discusión sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, afirmó que la propuesta tiene la finalidad de federalizar este delito y aprobar la legislación única e independiente para su tratamiento.

En el país falta demasiado por hacer, comenzando por lograr la federalización del delito y la aprobación de legislación única e independiente para su tratamiento”, aseveró.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) se comprometió a “revisar los tiempos y hacer un trabajo de coordinación con el Senado, donde hay también algunas iniciativas al respecto, sentarnos para acordar un trabajo conjunto”, tomando en cuenta aportaciones de asistentes a esta mesa de análisis.

Indicó que la iniciativa, presentada por ella y el diputado José Alfredo Botello Montes, se encuentra en la Comisión Dictaminadora para su estudio.

Entre sus objetivos están prevenir la desaparición de personas; tipificar el delito de desaparición de personas; inhibir la práctica de desaparición de personas, así como no permitir ni tolerarla bajo ninguna circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, y sancionar a los autores, cómplices o encubridores del delito.

Además de establecer las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos descritos en la presente ley.

Expresó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2012 se registraron más de cuatro mil desapariciones involuntarias.

La desaparición de personas es una violación a los derechos humanos, que por su gravedad ha atraído el interés de la comunidad internacional, consideraremos en primera instancia la definición que ofrece la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas”, añadió.

Señaló que la complejidad de la desaparición hace especialmente importante que tanto los estados como la comunidad internacional cuenten con mecanismos efectivos para prevenirla y en su caso sancionarla y repararla.

Por ello, dijo, “tenemos el compromiso internacional de legislar en la materia, sancionando la conducta delictiva de desaparición forzada y desaparición cometida entre particulares”.

A su vez, Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que esta iniciativa de ley no funcionará “si hacemos de esto un proceso técnico, aun cuando las familias nos acompañen, si no hay una ruta acelerada que nos ayude a crear la sinergia”.

Subrayó la importancia de “usar los tiempos constitucionales de manera óptima, transparente y dignificante para las víctimas” y urgió a que “todo esto rápidamente se lleve al escenario de un proceso de conferencia parlamentaria, lo cual no sólo necesario sino inevitable y urgente”.

Si no es bien procesado y discutido con las organizaciones de sociedad civil y familiares de víctimas, podría dar la impresión de que otra vez esto va a tener un procedimiento oneroso, largo, dispendioso”, subrayó.

Externó la necesidad de conjuntar esfuerzos “de manera armónica, con el liderazgo que corresponde al Congreso de la Unión”, pues las familias quieren a sus familiares de vuelta, no quieren una ley, a menos que ésta sea una herramienta para que tengan a sus familiares de vuelta.

El representante de la ONU agregó que Querétaro, Nuevo León, Coahuila y Guerrero, son las entidades que recientemente legislaron respecto a la problemática de personas desaparecidas.

Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, manifestó la necesidad de crear un registro nacional eficaz, pues actualmente no se tiene una cifra cierta y definitiva que permita conocer las causas de las desapariciones o el paradero de las personas. agb/m