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La conducta de los dos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), que se desempeñaban como funcionarios de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, y fueron detenidos durante su estancia en Brasil, por agredir sexualmente a una mujer y golpear a un hombre, merecen amplio rechazo por parte de la sociedad, demandó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elena Tapia. La diputada integrante de la Comisión de Justicia de San Lázaro, también solicitó a la representación diplomática de México en Brasil, no encubrir a los responsables. Tapia Fonllem subrayó que la conducta ilícita de los panistas identificados como Rafael Miguel Medina Pederzini, y Sergio Israel Eguren Cornejo, merece sanción conforme a la ley. Expresó que aunado a su conducta reprochable en el exterior, el hostigamiento sexual en que incurrieron y las agresiones al esposo de la víctima, deben ser castigados. “Cuando una mujer sufre hostigamiento o tocamientos, inmediatamente debe reaccionar y la ciudadanía está obligada a denunciar y apoyar a la víctima. De verificarse la participación de los ex diputados, habrían incurrido también en una grave incoherencia, ya que en el año 2010 aprobaron la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, misma que promueve ordenamientos jurídicos para que las mujeres y niñas tengamos derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia”, reclamó. Al manifestar su preocupación por la violación a los derechos de las mujeres, la también secretaria de la Comisión Especial de seguimiento a los feminicidios en San Lázaro, recalcó que todos los congresistas, deberían estar indignados, por el vergonzoso episodio encabezado por dos funcionarios públicos, que lejos de provocar escándalos en otras naciones, deberían mostrar su ética y responsabilidad. “Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, que de ser acreditada su responsabilidad, inicien el proceso hacia la destitución de manera inmediata de sus cargos a los implicados, así como a investigar los recursos que usaron para viajar a Brasil, ya que de ser del erario público, deberán de ser sancionados”, insistió, aunque de acuerdo al gobierno delegacional en Benito Juárez, los involucrados en el suceso ya fueron cesados. ys/m. |
