La Cámara de Diputados está lista para analizar y dictaminar las leyes secundarias en materia energética, afirmó Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Palacio de San Lázaro, quien confirmó así la decisión de solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un nuevo periodo extraordinario de sesiones.

Sostuvo que el propósito básico de la reforma energética es beneficiar a la gente, impulsar el desarrollo y la competitividad nacional, así como garantizar la seguridad energética.

Por ello, dijo, “habremos de lograr su aprobación en el marco de un debate parlamentario abierto al escrutinio público, arduo, centrado en lo esencial y sin mayor dilación”.

Beltrones insistió en que la legislación en materia energética es para beneficio de todos, no para afectar o despojar, sino para consolidar al país como una potencia energética, promover el desarrollo y la competitividad de la industria nacional con precios accesibles de luz y gas natural, resguardando en todo momento la propiedad nacional de los hidrocarburos y la rectoría del Estado en el sector.

Celebró por ello la aprobación de los dos primeros paquetes de leyes secundarias en el Senado de la República y reconoció la disposición del PRI a incluir temas y preocupaciones de los diputados en dichos proyectos.

“Estamos listos para que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados analice y dictamine las minutas de la colegisladora y asimismo este martes 22 de julio propondremos a la Junta de Coordinación Política solicitar a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario para la discusión en el pleno de las reservas que se presenten y continuar con este método de trabajo hasta concluir el proceso legislativo de la reforma”, dijo.

En un comunicado, remarcó que el proyecto de Ley de Hidrocarburos asegura el respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en que se desarrolle la industria de hidrocarburos, al establecer diversas opciones para la negociación del pago de una contraprestación a los propietarios o titulares de los terrenos.

Destacó entre esas opciones la renta de la tierra, el pago de un porcentaje de los ingresos por la extracción comercial de hidrocarburos y el pago de las afectaciones realizadas.

Adicionalmente, indicó el legislador sonorense, los ejidos, comunidades o comuneros tendrán la asesoría de la Procuraduría Agraria para la negociación de los contratos, los cuales deberán presentarse ante un juez de distrito y ser publicados, y podrán incluir compromisos de contratación laboral de los propietarios, de su familia o miembros de la comunidad.

Agregó que la transparencia y el combate a la corrupción en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos están aseguradas por el carácter público de los procesos de licitación y de los contratos, asignaciones y permisos, así como por un régimen de sanciones y prohibiciones tanto para las autoridades federales como para las personas, nacionales o extranjeras, que participen en las contrataciones o permisos.

Detalló que los contratos deberán incluir un porcentaje mínimo de contenido nacional, que aumentará gradualmente de 25 por ciento en 2015 hasta 35 por ciento en 2025, lo que constituye una estrategia de política industrial asociada con la modernización del sector energético en cuanto al fomento de cadenas productivas locales.

Beltrones subrayó asimismo que la Comisión Federal de Electricidad no se privatiza, sino se moderniza y se transforma en una empresa pública productiva en el contexto de un mercado competitivo que alentará la generación de electricidad con base en gas natural para reducir los precios al consumidor y a las empresas.

Al mismo tiempo se mantienen los subsidios focalizados para quienes menos tienen y el Estado consolida su rectoría del sector a través de los órganos reguladores y el Centro Nacional de Control de Energía, agregó./arm/m