Diputados investigarán si han existido violaciones a los derechos humanos durante la aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza en Puebla, tras la muerte de un menor en la entidad.

De igual manera, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordaron sumarse a los puntos de acuerdo presentados ante la Comisión Permanente por varios legisladores respecto al caso y en su caso solicitar su pronta resolución.

Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la instancia legislativa, citó el punto de acuerdo que impulsan por Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, sobre Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Los legisladores exhortan a las procuradurías general de la República y General de Justicia de Puebla a esclarecer las causas de la muerte del menor y al Ministerio Público solicitar la reparación del daño.

También comentó el punto de acuerdo presentado por la diputada María del Rocío García, del PRI, quien pidió a la Comisión Permanente exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar la probable violación de los derechos humanos en ese asunto.

Sostuvo que la CNDH está comprometida a defender el cumplimiento de esas garantías, por lo que esos sucesos no se pueden pasar por alto.

En sesión de trabajo, Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que tras la aplicación de la “ley bala” han sido detenidas unas 33 personas en menos de tres meses.

Sostuvo que a raíz de la implementación de esa medida ha crecido la represión y se ha dejado de lado el diálogo como vía para atender los problemas sociales de la región, para ser utilizada la fuerza.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el municipio Tehuacán, donde pobladores de la Sierra Norte fueron desalojados sólo por defender el derecho de una oficina del registro civil, un elemento importante en esas regiones. En esa protesta fueron detenidas ocho personas.

Además citó el caso de San Bernardino Chalchihuapan durante una manifestación de habitantes procedentes de 11 puntos del estado, donde falleció Tehuatlie Tamayo y otro hombre perdió el habla porque “una bala de goma que le perforó la mejilla dañó la mandíbula y parte de la lengua, y a un niño se le tuvo que reconstruir una mano”.

Por ello insistió en la necesidad del diálogo para reconstruir la confianza de los poblanos y solicitó a los integrantes de la comisión hacer un llamado sobre la implementación de esas políticas.

En tanto la priísta María del Rocío García Olmedo lamentó los hechos y condenó el uso desproporcionado de la fuerza pública, por lo cual exigió una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias.

La legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Puebla a investigar los sucesos y solicitar se manejen los debidos protocolos cuando se atienda una manifestación pública y se exploren los canales más idóneos para dar solución a lo que la originó.

La representante perredista Margarita Elena Tapia, a su vez, informó que diputados de su grupo legislativo, así como del PT, hicieron pública una solicitud al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que intervengan y den pronta solución a esos hechos.

Por su parte los perredistas Vicario Portillo Martínez y José Luis Muñoz Soria consideraron fundamental que la comisión se entreviste con los presos políticos del estado y solicitar al gobierno estatal llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. Asimismo, pidieron garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del país.

En su oportunidad el representante de Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez, dijo que corresponde a la CNDH actuar de forma pronta y expedita para determinar si hubo excesos de autoridades estatales y municipales.

En segunda instancia que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través del Ministerio Público, proceda con imparcialidad y justicia.

Los panistas Verónica Sada Pérez y Carlos Fernando Angulo coincidieron en la necesidad de que intervenga el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, para que se esclarezcan los hechos./gh/m