Integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, reiteraron su exigencia a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para que informe el cuso que llevan las denuncias penales interpuestas por el desvío de 137 millones de pesos correspondientes al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) y del Programa de la Mujer del Sector Agrario (Promusag).

Los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez recalcaron que cuando los programas referidos fueron transferidos por la SEDATU a la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), ya se habían detectado las irregularidades referidas.

Expresaron que de acuerdo al seguimiento de instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los programas dirigidos a personas que no cuentan con derechos agrarios, fueron utilizados con “fines clientelares”.

Los legisladores recalcaron que el llamado Fappa, fue creado cuando la SEDATU todavía era la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y su fin era alentar proyectos productivos de ciudadanos sin derechos agrarios; mientras que el Promusag estaba dirigido a fomentar el desarrollo de las mujeres a través de proyectos productivos.

El Fappa tuvo como presupuesto 2 mil 449 millones de pesos entre 2011 y 2013, pero ejerció 2 mil 567 millones de pesos. El Promusag tuvo 2 mil 972 millones de pesos, y ejerció 2 mil 979 millones de pesos. “Ambos incrementos y su ejercicio se dieron sin supervisión ni verificación de los padrones de beneficiarios”, denunciaron.

Agregaron que desde el 2011, el Consejo Nacional de la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) detectó las anomalías, mismas que se reflejaron en el informe de Evaluación del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, elaborado en convenio con la ONU-FAO.

Dicha evaluación determinó que ambos programas fueron acaparados por intermediarios, para cubrir intereses clientelares, corporativistas, económicos y electorales, recalcaron.

Aunado a ello, recapitularon, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó en 2012, que según el Registro Agrario Nacional (RAN), hubo 373 beneficiarios con pagos por 55 millones 931 mil pesos coincidentes en nombre, fecha y lugar de nacimiento, pero con derechos agrarios reconocidos, por lo que no tenían por qué haber recibido el recurso.

A raíz de ello, apuntaron, SAGARPA pidió a sus delegaciones en todo el país aclarar el asunto y exigir la devolución del recurso o de lo contrario, proceder jurídicamente contra los responsables.

Dado que hasta el momento no hay información sobre lo que sucedió con el dinero, demandaron de nueva cuenta que la SEDATU y las autoridades correspondientes rindan cuentas. ys/m.