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Grupo México no aporta ningún beneficio al municipio de Cananea, a pesar de que percibe 4.4 millones de dólares diarios de ganancia por la extracción de recursos minerales de la mina Buenavista, sostuvo el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó que la contaminación del río Sonora y su afluente Bacanuchi, es el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en el país. Más allá de los graves daños ambientales ocasionados, dijo, quiero destacar dos puntos medulares y es que el consorcio minero violó la norma oficial, las leyes vigentes y los estándares internacionales que rigen la industria minera. Sin embargo, aclaró, el Estado mexicano no cuenta con un marco jurídico actualizado que le permita imponer sanciones efectivas a los causantes de daños ambientales y reparar las afecciones sociales y económicas. En segundo lugar, añadió, son los hallazgos más importantes del informe de la Comisión Especial, que propone reformar la legislación vigente para que se actualice el marco jurídico con base en dos principios: “Que el Estado cuente con normas y capacidades regulatorias adecuadas para garantizar que el que contamine pague. Ese es el propósito del fideicomiso con cargo a Grupo México, que tendrá recursos iniciales por dos mil millones de pesos para reparar los daños ambientales, sociales y económicos que sufrieron las familias sonorenses”. Asimismo, que se compartan con la población los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de los recursos de la nación. Es importante que en la explotación del subsuelo de este tipo, todos, sobre todo los habitantes de la región, salgan ganando. Al referirse al derrame de sustancias tóxicas en estos dos ríos de Sonora, resaltó que los legisladores trabajarán para fortalecer el marco legal. Se trata, dijo, de apoyar a las familias sonorenses afectadas y resarcir los daños ocasionados por este derrame tan lamentable, y también evitar que se repitan episodios como el actual. Nuestro objetivo, subrayó, es claro y dotar al Estado de las capacidades legales e institucionales que permitan asegurar el interés público en la actividad minera y procurar un beneficio justo a sus comunidades. /gh/m |
