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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que el combate a la corrupción es uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia y subrayó por ello la relevancia de la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso en los próximos días para crear y reglamentar la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. “Se trata de un asunto prioritario para los diputados del PRI, que habremos de analizar con toda responsabilidad para dotar a México de los mejores instrumentos a su alcance para prevenir y sancionar este flagelo nacional”, puntualizó el legislador. De acuerdo con la reciente reforma constitucional en materia de régimen de gobierno, la Fiscalía General de la República sustituirá a la actual Procuraduría General de la República, mientras que la Fiscalía Anticorrupción sería un órgano especializado con facultades pare ejercer la acción penal. En otro asunto, Beltrones refrendó todo el respaldo de su bancada a la comisión especial encargada de investigar la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi con sustancias tóxicas. Sostuvo que el informe de ese grupo de trabajo evidenció que el derrame de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, es el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en nuestro país, sin que hasta ahora se haya cuantificado y remediado totalmente el daño ambiental, ni las afecciones a la vida comunitaria y actividades productivas de la región. “Para el grupo parlamentario del PRI es sumamente preocupante que el estado de Sonora y sus habitantes no se hayan beneficiado de la explotación de sus recursos minerales, por lo cual se aprobó incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones damnificadas, además de exhortar a que la empresa cumpla con las medidas sanitarias emitidas por la autoridad competente y a que se garanticen los derechos humanos y laborales de la población”, remarcó. En su comunicado, el sonorense aseguró que los diputados federales del PRI trabajarán en un paquete legislativo para fortalecer al Estado mexicano en sus capacidades regulatorias y de sanción, de acuerdo con el daño ambiental, las afecciones económicas y sociales y en proporción con las ganancias percibidas por la empresa que tenga la concesión de una mina para garantizar el principio básico de que pague quien contamine./arm/m |
