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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, aclaró que es improcedente la reserva de la información hasta por 9 años, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó, en torno a la presunta ejecución de 21 delincuentes detenidos en la zona de Tlatlaya, en el Estado de México, de la cual se señala a elementos del Ejército Mexicano. El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), subrayó que desde el momento en que la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que asumiría la investigación, la decisión de la autoridad local quedó sin efectos. Al abordar el tema en el marco de la sesión ordinaria de este martes en San Lázaro, el diputado perredista Fernando Belaunzarán, informó que acudió personalmente al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para demandar que se revierta el “inexplicable” falo de la procuraduría mexiquense. Belaunzarán Méndez, señaló que la postura de la Procuraduría del Estado de México es incongruente, pues el propio Ejército ha señalado que es el primer interesado en esclarecer el suceso. “Esta Procuraduría clasificó por nueve años la información de la investigación sobre los hechos acontecidos en Tlatlaya, el 30 de junio. No entiendo porque esta clasificación de nueve años de confidencialidad cuando parece que en el país ya hay un consenso para que se sepa lo ocurrido ahí”, planteó. Tras reiterar su respeto por las Fuerzas Armadas y celebrar la voluntad por esclarecer los hechos, el legislador del Sol Azteca dijo que “por salud de la República y por honor de esa gran institución es correcto que se sepa, ya sea para confirmar la versión oficial de que murieron todos en el enfrentamiento o si la investigación señala que efectivamente, como lo dicen las denuncias, hubo ejecuciones extrajudiciales pues que se conozca y se actúe con estricto apego a la ley”. Recalcó que de corroborarse la versión de que miembros del Ejército ejecutaron a los detenidos, no afectará a la institución castrense, si es que se toman las medidas pertinentes. El diputado del Sol Azteca añadió que además de acudir al IFAI, solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, “eche para atrás” la reserva hasta por 9 años de la información sobre lo ocurrido en Tlatlaya. Lo anterior, para permitir que la PGR avance en el seguimiento y si hubo ejecuciones extrajudiciales, se castigue a quienes violaron derechos humanos y pasaron por encima de la ley. ys/m. |
