La diputada Adriana Hernández urgió a armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con las convenciones y tratados internacionales, para garantizar el ejercicio de los derechos del sector en igualdad de condiciones.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados subrayó la necesidad de seguir trabajando en torno a los principios constitucionales de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Durante la presentación del libro “Adultez, Trabajo y Discapacidad. El trabajo de crecer”, de Patricia Brogna, Hernández Íñiguez planteó que la inclusión debe ser una realidad en México, más allá de religiones, condición social y partidos políticos.

Precisó que en el texto la autora hace énfasis en los adultos mayores con discapacidad, en su perspectiva familiar y en el desempeño laboral y social en relación con su sobrevivencia.

La diputada federal priista expuso que Patricia Brogna comparte su experiencia por treinta años con jóvenes y adultos con discapacidad y propone actividades concretas para ayudar a ese sector a transitar hacia una vida adulta.

En su oportunidad la secretaria de la instancia legislativa, la diputada Elvia María Pérez Escalante, destacó que al menos 70 por ciento de los adultos mayores en el país depende de su familia o padece abandono, maltrato o violencia.

Hizo énfasis en la responsabilidad económica y social que se tiene con más de 10.5 millones de ciudadanos en esa condición, que representan siete por ciento de la población total.

Indicó que para 2030 habrá más 22 millones de personas en esa situación en el país y para 2050 una tercera parte de la población tendrá más de 60 años, es decir uno de cada cuatro mexicanos.

Además, agregó, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) la esperanza de vida de los mexicanos será de 79.42 años para 2050 y las mujeres serán las que vivan más.

Pérez Escalante mencionó que, de igual forma, tres millones de personas mayores de 60 años están activas económicamente, de manera preponderante en el sector informal, mientras que sólo un millón de ellas cuenta con seguridad social.

Subrayó que el envejecimiento del país requiere una atención decidida del Estado y de la sociedad, más políticas públicas y un marco jurídico acorde a la situación de vulnerabilidad que enfrenta el segmento para garantizar el respeto de sus derechos de forma integral.

La legisladora priista mencionó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 la Cámara de Diputados otorgó recursos por 42 mil millones de pesos al programa de atención para adultos mayores, 18 mil más que en 2013.

En su oportunidad la también secretaria de la comisión, Paloma Villaseñor Vargas, precisó que el tránsito de un niño con discapacidad mental, física y sensorial a la edad adulta tiene que ver con las oportunidades que se le brindan.

Por ello, dijo, se requiere de capacitación y educación para contar con una formación incluyente.

Reconoció que faltan estudios sobre el tema, ya que “ni siquiera contamos con un censo puntual por tipo de discapacidad y no sabemos quiénes trabajan y quiénes no”, por lo que llamó a dar la batalla para fortalecer los recursos hacia los grupos vulnerables para que tengan una mejor atención en todos los rubros.

En su intervención, la diputada priísta Aurora Denisse Ugalde Alegría comentó que el libro sugiere herramientas hacia una transición eficaz a la adultez de personas con discapacidad.

Esas acciones van desde la escuela, la familia y la comunidad, donde el trabajo es un factor determinante para reubicar las situaciones de desventaja, vulnerabilidad y precariedad en la dinámica social que las constituye.

Remarcó la necesidad de identificar las necesidades específicas de las personas en esa condición y a partir de ello diseñar apoyos y ayudas técnicas que sean necesarias para optimizar su desempeño.

En su turno, el secretario de Inclusión Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), José Adán Ignacio Rubí Salazar, dijo que es necesario el tránsito de una visión asistencialista a una de fomento y apoyo, para que las personas con discapacidades puedan incorporarse con éxito al desarrollo de sus actividades productivas.

También informó que el gobierno federal ha iniciado la elaboración de tres normas oficiales mexicanas en seguridad y salud con objeto de atender el perfil de las personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente las que viven con alguna discapacidad.

“Pretendemos concluir a principios de 2015 para que se lleve a cabo el proceso de consulta que permita incorporarlas al marco jurídico y reglamentario del país a favor de ese sector”.

A su vez la coordinadora de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Gallegos Vega, comentó que en la obra la autora da sugerencias y consejos sobre cómo explorar los intereses y capacidades de esas personas, darles entrenamiento para el trabajo integrativo y disminuir los talleres asistenciales.

“Es necesario pensar desde un enfoque transformador tomando en cuenta a las personas con discapacidad como sujetos de derecho a decidir y desarrollar al máximo tanto sus habilidades como obligaciones”, planteó.

En su intervención Patricia Brogna, señaló que una de las mayores dificultades de los jóvenes con discapacidad es no poder dar el paso a la adultez, es decir a ser responsables a cosas elementales como manejar su dinero o tomar el transporte público.

Desde su perspectiva el problema radica en la falta de inclusión, pues “estamos acostumbrados a los discursos y a las prácticas que legitiman la exclusión de ciertos grupos y a la dificultad de entender que hay personas que no son como nosotros”. /gh/m