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La demanda de juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, interpuesta en días pasados en la Cámara de Diputados, fue ratificada por el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta. El legislador de izquierda anunció que dicha solicitud, se amplió al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio, por su omisión en los hechos de violencia contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Huerta Ladrón de Guevara explicó que el motivo de la denuncia, son las omisiones cometidas por los tres servidores públicos señalados, y que en parte, consideró, propiciaron la desaparición de los integrantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Aseveró que tras el paso de los días, la actuación de la autoridad en torno al caso, ha puesto en evidencia las fallas del Estado mexicano frente a los sucesos en los que un factor primordial ha sido la impunidad. El congresista subrayó que el titular de Gobernación también debe ser sometido a juicio político, porque desde junio de 2013, cuando la Comisión Permanente del Congreso lo exhortó a tomar cartas en el caso de perredistas y activistas asesinados, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, se le hizo saber que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, tenía lazos con el crimen organizado y era el autor material del homicidio referido. Si la autoridad federal hubiese intervenido contra el alcalde de Iguala, cuando el Congreso de la Unión lo demandó, agregó el diputado Huerta, posiblemente se habría evitado la agresión y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, el diputado por el PT pidió que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara, encargada de desahogar las solicitudes de juicio político, entre en funciones y analice los procedimientos emprendidos contra el gobernador Aguirre Rivero, el procurador Murillo Karam y el secretario Osorio Chong. Añadió que si la comisión referida y la Cámara de Diputados no cumplen su obligación, evaluará la posibilidad de proceder por la vía judicial, a fin de hacer valer su petición de juicio político. ys/m. |
