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El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, calificó como adecuada la cancelación de la licitación para el tren de alta velocidad México-Querétaro, ello, por las irregularidades y falta de transparencia en dicha asignación. El legislador de izquierda agregó que la nueva licitación debería esperar a que el Congreso ajuste las reglas en materia de obra pública y combate a la corrupción. Al fijar postura sobre el tema, el diputado Alonso Raya conminó al Ejecutivo Federal a aprovechar la situación, para mejorar las condiciones del proyecto ferroviario y cumplir con los principios de transparencia que demanda la ciudadanía. Enfatizó que ninguna obra pública, en especial si implica grandes inversiones, debe desarrollarse en medio de sospechas de corrupción y falta de transparencia. Lo anterior, luego de que la presentación de un solo postor para el tren México-Querétaro generara suspicacias, por los lazos de las empresas involucradas con el Presidente de la República y el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. El coordinador del Sol Azteca en San Lázaro dijo que a su consideración, la licitación debió cancelarse desde el principio, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio muy poco tiempo para la presentación de proyectos y los únicos postores, presentaban un sobrecosto en la obra, de más del 20 por ciento del gasto programado. Refirió que según el estudio de la organización México Evalúa, denominado “Por un presupuesto realista y sostenible”, el 80 por ciento de los contratos públicos revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 1999 y 2010, tuvieron en promedio un sobrecosto de 36 por ciento y tardaron el doble del tiempo estimado en estar listos, lo que confirma una mala planeación y gastos innecesarios. Recordó que la Cámara analiza en distintas comisiones, modificaciones a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados, presentada por el Ejecutivo Federal, así como las distintas propuestas en materia de combate a la corrupción. En cuanto estén aprobadas, dichas normas deberán regir los proyectos y procesos de licitación de obras, subrayó. ys/m. |
