La Cámara de Diputados recibió el informe del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro indica que la tortura y malos tratos que siguen a la detención de personas y antes de que éstas sean puestas a disposición de la justicia, son una práctica generalizada y se presentan en un contexto de impunidad.

Agrega que en tales hechos, es activa la participación de fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, así como de las Fuerzas Armadas.

A ello se suma, explica el expediente, la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Recalca que las medidas para evitar la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes son “débiles”, en especial en los primeros momentos de una detención, y al momento de asegurar investigaciones prontas, independientes, exhaustivas e imparciales.

Plantea que en los registros de detención, los exámenes médicos son deficientes, no dan cuenta de las denuncias o evidencias de tortura, y tampoco hay un control adecuado sobre la legalidad de las detenciones ni los plazos para la presentación al Ministerio Público.

Quienes son detenidos, abunda, no tienen acceso a una defensa adecuada en lo inmediato, las declaraciones se realizan sin intervención judicial ni la presencia de abogados, no se inicia investigaciones de oficio ni se excluyen pruebas obtenidas bajo tortura, lo que deriva en interpretaciones incorrectas y restrictivas del Protocolo de Estambul.

Aunque el marco normativo se ha fortalecido con reformas en materia de derechos humanos, de atención a las víctimas y al Código de Justicia Militar, sigue pendiente la tipificación federal de la tortura conforme a los estándares internacionales, la eliminación del arraigo y la creación de jueces de ejecución penal, abunda.

El reporte dice que los casos de tortura en México siguen siendo altos, persiste la impunidad y no hay mecanismos de reparación integral.

Hace notar que van en aumento las denuncias por abusos de la policía durante manifestaciones o contra periodistas y defensores de derechos humanos, casos que tampoco se han investigado de manera efectiva.

Expone que hay protocolos de uso de la fuerza en México, pero no hay ley federal que regule esa materia de acuerdo a los estándares internacionales, por lo que es preciso fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Añade que la impunidad de la tortura y los malos tratos alienta su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe establecer medios para investigar y sancionar debidamente esos actos.

Entre las recomendaciones hechas por el relator de la ONU, están la de tipificar la tortura a nivel federal y conforme a instrumentos internacionales, velar por que las leyes federales y estatales contemplen las obligaciones y garantías que derivan de la prohibición absoluta de la tortura; investigar, procesar y sancionar debidamente los casos, que el delito sea imprescriptible y se repare el daño sufrido por las víctimas.

De igual modo, sugirió modificar el Código de Justicia Militar, para que los casos de tortura cometidos entre militares sean juzgados en el fuero civil; restringir en la Constitución y demás leyes, la detención sin orden judicial, eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

En cuanto a las investigaciones sobre casos de tortura, el relator pidió a México investigar los casos como tales y retomar las indagatorias sobre la Guerra Sucia; asegurar investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas; así como garantizar que los responsables serán procesados y castigados penal y administrativamente.

Asimismo, pide suspender a todo funcionario que sea investigado por tortura y malos tratos, documentar los casos en que jueces y fiscales no ordenen investigación de oficio de casos de tortura, y garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos, a fin de que los casos se conduzcan de manera imparcial.

Sobre la prevención de la tortura, el representante de la ONU refrendó la petición de retirar en definitiva a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.

Pide asegurar el registro inmediato y completo de las detenciones, aplicar exámenes médicos rigurosos a fin de corroborar cualquier evidencia de tortura y malos tratos y sancionar a las autoridades que incumplan tales medidas.

Solicita garantizar el acceso a un abogado desde el momento de la detención y que esté presente durante todas las diligencias.

Recomienda a jueces y fiscales que rechacen toda prueba o declaración obtenida bajo tortura, malos trato y violación a las garantías individuales; en ese entendido, el Estado deberá comprobar que la evidencia en los casos no fue producto de la tortura.

Plantea que México debe garantizar la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención, evitar el hacinamiento carcelario; implementar mecanismos de denuncia sencillos, confidenciales e independientes y ofrecer apoyo médico y psicológico adecuado a los detenidos, al igual que proteger en particular a migrantes y personas con algún tipo de discapacidad.

Aunado a ello, pide tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente cualquier tipo de represalias contra quienes denuncien torturas o malos tratos; garantizar el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño y reconocer públicamente la dimensión de la impunidad en caso de tortura y malos tratos. ys/m.