La Cámara de Diputados reunida en Pleno, aprobó con una votación de 371 votos a favor, 2 abstenciones y 24 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, así como una adición a la Ley de Planeación.

El proyecto enviado por el Presidente de la República y que fue dictaminado en San Lázaro, explicó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Adolfo Orive, tiene como fin crear un marco jurídico que fomente la competitividad, la productividad y permita implementar una política nacional de fomento económico, que impulse el desarrollo industrial.

La normatividad que será enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, señala que la competitividad de empresas, sectores o regiones deben sustentarse en el incremento anual y sostenido de la productividad, no en el abatimiento del salario ni en la reducción de los costos de los insumos, agregó.

Orive Bellinger dijo que los ejes de la reforma son el desarrollo de la planta productiva, en especial en el sector manufacturero y el mercado interno, esto, a través de una política nacional de fomento económico activos, bajo la rectoría del Estado.

De igual modo, se centra en promover un cambio estructural de la planta productiva, en lograr un crecimiento de 6 por ciento anual e incrementar el crecimiento sostenido de la productividad en las pequeñas y medianas empresas, a través del desarrollo tecnológico y la integración de cadenas de valor vinculadas a grandes cadenas gestoras.

Pretende emprender una política pública de apoyo a las más de 6 mil 200 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación que existen en el país, para que las pequeñas y medianas empresas tomen el lugar de proveedoras, que hoy ocupan consorcios asiáticos.

Asimismo, busca impulsar la “democratización de la productividad” a nivel territorial, con polos de desarrollo que requieren apoyo, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Contempla la constitución de sistemas de innovación por sector, para que las unidades económicas tengan mayor capacidad tecnológica; así como la transformación de pequeños y medianos empresarios en “emprendedores”.

Prevé implementar una visión de política pública que integre a toda la economía nacional y a largo plazo, es decir, con metas a 20 años; mientras que plantea fortalecer el Comité Nacional de Productividad.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía y diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Sánchez Ruiz, señaló que ante los bajos niveles de productividad y competitividad en el país, es urgente contar con una política integral que permita alcanzar un crecimiento sostenido del 6 por ciento, porque el promedio actual de 2 por ciento, es insuficiente.

Por otra parte, el Pleno de San Lázaro, aprobó un paquete de seis dictámenes elaborados a partir de iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso, con el fin de refrendar las obligaciones de México en distintas instituciones financieras internacionales, como la Asociación Internacional de Fomento, el Bando de Desarrollo de Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El objetivo, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Damián Zepeda, es actualizar las aportaciones del gobierno mexicano a instituciones como la Asociación Internacional de Fomento, a la que se destinarán 76 millones de pesos, 140 mil derechos especiales de giro de la asociación, equivalentes a mil 328 millones 700 mil pesos, que serán pagados rumbo al 2020.

En el bloque de dictámenes, se autorizó la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Bando de Desarrollo del Caribe y su ejecución y la suscripción de acciones del mismo hasta por 28 millones 210 mil dólares, a pagar en el 2016, aunque las contribuciones a dicho organismo serán equivalentes en suma, a 32 millones de dólares.

Al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México actualiza la suscripción adicional de 54 mil 925 acciones, con un valor nominal de 662 millones de dólares, de los cuáles 16 millones de dólares deberán pagarse en el 2016, explicó el diputado Zepeda Vidales. ys/m.