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Los lÃderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados y el Senado de la República determinarán mañana lunes si existen condiciones para dictaminar en el actual periodo de sesiones las iniciativas presidenciales en materia de seguridad y salario mÃnimo, o si, en su caso, es necesario convocar a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Asà lo anticipó el coordinador de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro, Miguel Alonso Raya, quien estimó pocas posibilidades de discutir y aprobar las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto durante los ocho dÃas que restan al actual periodo ordinario. "En la reunión vamos a definir primero qué condiciones hay para dictaminar las iniciativas que ya están en este momento en lasc omisiones de ambas cámaras y si es viable o no atender y dictaminar el conjunto de las iniciativas que ya envió el Ejecutivo Federal, las que tienen que ver con el asunto de anticorrupción, con la FiscalÃa General de la República, la de seguridad y combate al crimen organizado, que se procesa en el Senado de la República, y la que envÃo el viernes pasado a la Cámara de Diputados relacionada con una nueva Unidad de Cuenta del Estado mexicano", detalló. En un comunicado, Alonso Raya hizo asimismo un recuento delas iniciativas de ley pendientes dictaminar y que se incluirÃan en la agenda de discusión inmediata de la Cámara de Diputados. Enumeró asà el proyecto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción aprobado ya por el Senado de la República en diciembre de 2013, asà como la minuta de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Precisó que sobre la desvinculación del salario mÃnimo como referente de multas y la creación de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano existen tres iniciativas: una suscrita por diputados del PAN, PRD, MC Y PT; otra, del legislador perredista Julio César Moreno, y otra más del propio Alonso Raya. También está pendiente de dictamen la Iniciativa de la Ley General de Propaganda Gubernamental presentada por el grupo parlamentario del PRD en marzo de 2014 y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Transparencia y Anticorrupción. |
