Las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, sentenciaron que de confirmarse la versión periodística publicada por el semanario Proceso, en cuanto a que la Policía Federal y el Ejército Mexicano habrían participado en el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, quedaría en evidencia que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado.

La vicecoordinadora de contenidos del PT, Lilia Aguilar señaló que por ello, se solicitará la comparecencia urgente de los titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), Defensa Nacional (SEDENA) y del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo.

En particular, la diputada Aguilar Gil, recalcó que desde el inicio de la problemática, los estudiantes sobrevivientes y sus familiares, denunciaron que el Ejército y la Policía Federal habían intervenido en el ataque.

La diputada integrante de la Comisión Especial de seguimiento a los sucesos en Ayotzinapa agregó que ante la presentación de la que parece ser evidencia y documentos oficiales, queda claro que la investigación de la Procuraduría está “tan mal cuidada, que ni siquiera han tenido la certeza de poder armar una farsa bien hecha”.

Por lo anterior, dijo, es obligatorio que lo titulares de Gobernación, la Defensa y la PGR, digan a la Cámara de Diputados si, durante las reuniones de trabajo en la materia mintieron a los congresistas.

De ser así, advirtió, habrían incurrido en un delito, porque la Cámara es uno de los poderes del Estado, es contrapeso del Ejecutivo y aunado a las omisiones en sus informes, habría timado a los legisladores.

Recordó que en el encuentro con el general secretario de la Defensa, éste les dijo que el coronel asistente al acto de la entonces presidenta del DIF municipal, actualmente arraigada, no se había enterado de lo ocurrido con los normalistas, pero en realidad incluso hubo comunicaciones oficiales sobre ello.

En cuanto al secretario Miguel Osorio, apuntó la congresista, ante el Congreso dijo que había reportes en el centro de información estratégica C4, en cuanto a que los normalistas se desplazaban hacia Iguala.

También olvidó decir que la Policía Federal estuvo involucrada en el ataque a los estudiantes y por todo ello, abundó, la Cámara debe asumir una postura firme y llamar a rendir cuentas a los tres miembros del gabinete de gobierno.

Puntualizó que la solicitud de comparecencia se está gestionando ante la Comisión Especial y la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, instancias que seguramente, lamentó, darán largas.

Por su parte, el diputado Monreal Ávila dijo que la información del semanario Proceso apunta hacia hechos muy graves que ponen en la antesala de un juicio internacional al Estado Mexicano, que podría ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Consideró que las evidencias presentadas en la investigación periodística son “contundentes”, y echarían por tierra la especie que el Gobierno Federal pretende difundir: que lo ocurrido en Iguala es una cuestión local, de responsabilidad exclusiva del estado y el municipio.

Sin embargo, con los indicios de que policías federales y militares fueron partícipes de las agresiones a los normalistas, el caso debe llegar a los tribunales internacionales, insistió. ys/m.