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Roberto José Pacheco, reportero: La diputación panista impulsa la reforma al artÃculo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de que la SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes (SCT) establezca esquemas tarifarios adecuados o exenciones a residentes que beneficien a los usuarios cuando se construyan o modernicen las autopistas. El diputado panista Jorge Rosiñol Abreu señaló que las casetas de cobro regulan el libre tránsito en nuestro paÃs; sin embargo, las obras de mantenimiento afectan el derecho de movilidad de los ciudadanos, estipulado en el artÃculo 11 de la Constitución PolÃtica. El legislador explicó que es obligación del Estado proveer caminos y puentes que permitan el libre flujo de personas y mercancÃas, que conecten las regiones y a sus pobladores, pero sobre todo impulsen el desarrollo social y económico de los estados y municipios para dar un mejor nivel de vida a la ciudadanÃa. Manifestó que, al no existir vÃas alternas libres de peaje ‒cuando por diferentes aspectos se obstruyan las habituales‒, por las cuales los habitantes puedan transitar para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo, se vulnera el derecho fundamental del libre tránsito. Explicó que tal situación refleja un detrimento no sólo de la economÃa de sus pobladores, sino de la interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del paÃs. Por otro lado, Rosiñol Abreu expuso que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, a través de la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público, estados y municipios tienen la facultad de crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad. Sin embargo, aseguró, esos recursos que podrÃan ayudar a disminuir el impacto económico del pago del peaje para los pobladores, desafortunadamente no llegan a cumplir tal objetivo. Con la modificación a la ley, indicó, el Estado garantizarÃa el libre tránsito de los pobladores, permitiendo su desarrollo en distintos rubros como el económico y social, entre otros, tal como lo mandata la Carta Magna. dlp/m |
