La Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a los legisladores del Distrito Federal y del estado de Coahuila que informen sobre las inversiones que las instituciones de justicia hicieron en Ficrea con fondos públicos, 120 millones de pesos del Distrito Federal y más de 90 millones de pesos de Coahuila.

El exhorto es para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso de Coahuila soliciten a sus Consejos de la Judicatura y Tribunales Superiores de Justicia información sobre las inversiones y la remitan al Congreso de la Unión.

El Punto de Acuerdo fue presentado por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrito por José Alberto Rodríguez Calderón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, y el pleno lo aprobó como de urgente y obvia resolución.

El documento señala que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existen seis mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales, hasta el 3 de enero del presente año, han realizado dos mil 317 solicitudes de seguro de depósito.

Dentro de los ahorradores defraudados se encuentran los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal.

Según el escrito, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, refirió que se invirtieron en Ficrea 120 millones de pesos, recursos de los que debe aclararse su procedencia.

De igual manera, el Poder Judicial del estado de Coahuila invirtió en Ficrea recursos de su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia, precisa el documento avalado.

Explica que Ficrea fue constituida en 2006 por Rafael Antonio Olvera Amezcua y que dos años después se le autorizó para operar como una Sociedad Financiera Popular, para que prestara servicios financieros de ahorro, inversión y crédito a pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, esta sociedad trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos actos ilícitos.

El 19 de diciembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular, por realizar operaciones fraudulentas que derivaron en la afectación a miles de ahorradores.

El documento detalla que la administración federal, a través de la Procuraduría General de la República, obtuvo orden de aprehensión contra el accionista mayoritario de la empresa, Rafael Antonio Olvera Amezcua, para procesarlo por su probable responsabilidad en hechos de defraudación que podrían superar los dos mil 700 millones de pesos. Duración 0’00’’, nbsg/m.