La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para atender de inmediato a las comunidades con mayor marginación, para lo cual la Sedesol deberá presente un informe sobre las acciones que aplica para abatir la desigualdad que afronta el país.

La propuesta señala la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) responda las recomendaciones presentadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los legisladores coincidieron que se debe atender de manera inmediata a las comunidades con mayor marginación o que presentan una o más carencias sociales, como en vivienda y alimentación.

En tribuna la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que “el país enfrenta una delicada situación que obliga a replantear la estrategia de combate a la pobreza adoptada”, para lo cual consideró necesario un cambio de modelo económico.

La Comisión Permanente también aprobó un punto de acuerdo para que se investigue y, en su caso, sancione a Enrique Vega Carriles y Miguel Noriega Paredes, presidente municipal y ahora ex secretario de Administración de El Marqués, Querétaro, por su probable comisión de diversos delitos.

La solicitud se hizo a través de un exhorto dirigido a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro.

Esta decisión se tomó luego de que a comienzos del año se diera a conocer un video, en el que se ve al destituido secretario de Administración exigiendo dinero a cambio de contratos con el ayuntamiento y aplicando sanciones a quienes se niegan a ello.

Al respecto la diputada Cristina González Cruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que a consecuencia de la difusión de ese video, las autoridades del ayuntamiento procedieron a la inmediata separación del cargo de Noriega Paredes.

Reconoció que si bien esa acción constituye una solución al problema de la falta de honestidad en la gestión de ese municipio, resulta insuficiente si no se acompaña con acciones legales y contundentes que establezcan responsabilidades administrativas y penales.

“Consideramos muy importante el combate al fenómeno de la corrupción en todos los niveles de gobierno, toda vez que ningún funcionario público debe estar exento del cumplimiento de la ley, sea del nivel o función pública que fuere”, subrayó la legisladora priista.

A su vez el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz recordó que la situación acontecida en ese municipio llevó a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) a solicitar el proceso de expulsión de Miguel Noriega.

Aseguró que esa acción pone de manifiesto el compromiso de su partido para “crear un ambiente de nula tolerancia a la corrupción”, en donde resulta imperante la aprobación de un sistema nacional en la materia que otorgue a los mexicanos certeza de que se castigarán los actos de ese tipo.

Sin embargo consideró que no se cuenta con la congruencia de los distintos actores y partidos políticos a favor de un Estado de derecho sólido, transparente y eficaz, en cuyo desarrollo no haya lugar y cabida a actos de corrupción. ys/m.