El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, lamentó que el procedimiento y modo de aprobar el informe semestral de la Comisión Especial de seguimiento a las fallas en la Línea 12, haya sido irregular, atropellado y con fines políticos.

En la víspera de la presentación del documento ante el Pleno de San Lázaro, Alonso Raya señaló que su bancada rechaza su contenido, recomendaciones y conclusiones, porque más bien responden a una especie de juicio contra ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.

El líder de los perredistas en San Lázaro reiteró que el informe es de la autoría exclusiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no es producto de un trabajo plural en la Comisión Especial.

Indicó que el documento incumple con los objetivos de la Comisión, pues emite recomendaciones y conclusiones propias de una “sección instructora con facultades jurisdiccionales”.

Agregó que la Comisión y su presidente se adjudicaron facultades correspondientes a los poderes Ejecutivo y al Judicial, como las de administrar y procurar justicia, fincar responsabilidades y solicitar el ejercicio de la acción penal contra los infractores.

“Es inaceptable avalar un documento que incumple con el mandato de esta comisión, y muestra además, una clara intencionalidad política que evidencia la pretensión de instrumentalizar la discusión sobre la Línea 12”, dijo el coordinador de los perredistas.

“A nuestro juicio el Informe de Trabajo, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que están prejuzgando conductas delictivas que sólo compete a los tribunales en materia penal determinar la responsabilidad y las sanciones penales”, refrendó.

Expuso que una vez analizados los “elementos probatorios” aportados en el informe, “no hay evidencia que incida directamente en demostrar que los ex servidores públicos cometieron delitos y que deban ser sancionados penalmente, así como sancionarlos administrativamente”.

Criticó que no se haya solicitado la comparecencia de los representantes legales de las empresas involucradas ni de los ex funcionarios del gobierno local a los que se señala como responsables, entre otros, Marcelo Ebrard.

Dijo que el informe no tiene elementos para acreditar los tipos penales a los que alude y por los que pide a las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República, procedan contra los ex funcionarios.

“Ante tanta inconsistencia que tiene no puede ni debe ser tomado en cuenta por ninguna autoridad ministerial para iniciar una averiguación previa en contra de los ex servidores públicos, ni siquiera como indicio”, demandó.

“No se desprende de tal documento ningún hecho que pueda constituir un delito por parte de los funcionarios mencionados, pues solo se hacen aseveraciones de las deficiencias técnicas que dieron paso al cierre de las estaciones de la Línea 12 del Metro, sin acreditar sus afirmaciones”, expuso.

Recalcó que para el PRD, el informe no tiene el sustento debido, porque las aseveraciones que contiene no están bien fundamentadas, en tanto que no tomaron en cuenta los alegatos de los señalados.

De modo que “el informe está motivado por intereses individuales y políticos para desprestigiar mediáticamente a los ex servidores públicos, toda vez de que están fundados en motivos extralegales que son contrarios a la Constitución y a los Tratados Internacionales”, advirtió. ys/m.