El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de disciplina financiera en estados y municipios, con una votación general de 350 a favor, 26 en contra y 12 abstenciones.

Después de rechazar un par de reservas, la votación particular y de mayoría calificada, fue de 329 a favor y 43 en contra. La reforma será turnada al Senado de la República para su análisis y aprobación.

Al plantear el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, dijo que la situación a nivel local es insostenible y alarmante, por lo que es preciso establecer controles para evitar el endeudamiento irresponsable.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que entre los principales elementos de la reforma se encuentran que no impide adquirir créditos, pero establece controles para evitar situaciones inmanejables; asimismo, prevé un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública.

También se faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar la deuda; se crean elementos de responsabilidad financiera, como prohibir que la deuda se use en gasto corriente y se da paso a una Comisión Bicamaral, integrada por diputados y senadores, que podrá observar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas de los estados.

Moreno Rivera destacó que a mitad del 2013, la deuda subnacional era de 390 mil millones. Actualmente el déficit es de 490 mil millones, por lo que el incremento fue de casi 100 mil millones apenas en año y medio, según la Secretaria de Hacienda.

Recordó que esta es la segunda vez que la presente Legislatura analiza dicha reforma, que quedó trunca por la insistencia del Senado de la República en hacer “modificaciones estériles”.

De haberse avalado en diciembre de 2013, los 100 mil millones que aumentó la deuda pudieron haberse controlado, dijo.

Es inadmisible, enfatizó, que el Estado cubra en ocasiones al 100 por ciento algunas deudas estatales y ante esa alarmante situación, el Legislativo debe hacer lo necesario para controlar la deuda, como establecer límites en la Constitución.

Puntualizó que el dictamen integra a la Constitución mecanismos para contratación de deuda de manera responsable y disciplinada. Insistió en que no se prohíbe el endeudamiento, pero se establecen criterios para un mejor manejo.

Contempla la creación de un Registro Público Único, de un sistema de alertas y disposiciones de transparencia para que los ciudadanos conozcan detalles de cómo se contrató la deuda y cómo se utilizará.

Reiteró que se faculta a la ASF a fiscalizar la deuda estatal y se añaden elementos de responsabilidad financiera, para que los recursos obtenidos no se usen en gasto corriente, sino en inversión pública productiva.

Enfatizó que la autorización de la deuda debe pasar por votación de mayoría calificada en los congresos estales, aunado a que se prohíbe contratar deuda durante el último trimestre del gobierno en cuestión.

Esa serie de reglas, apuntó, establecen criterios para contratar deuda en las mejores condiciones del mercado y el fin último, es mantener en condiciones adecuadas el sistema financiero.

Al fijar posicionamiento, el vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, coincidió en que la deuda estatal y municipal y también la nacional, han tenido un preocupante crecimiento.

El aumento ha sido “descomunal” por la falta de monitoreo y de leyes efectivas que permitan evitar casos de “endeudamiento criminal”.

A ello se suma, dijo, que la división de podres en los estados es inexistente y las legislaturas locales aprueban la adquisición sin crítica.

Esta problemática no es un asunto de partidos políticos, pues gobiernos de todos los signos han incurrido en ello, con la complicidad y permisividad de Hacienda y los bancos, sentenció.

Recordó que el caso más claro de corrupción en la deuda estatal es el llamado “moreirazo” que sufrió Coahuila, episodio en que el entonces gobernador, Humberto Moreira dejo compromisos por 37 mil millones de pesos.

Mejía Berdeja también expresó su rechazo a la Comisión Bicameral “producto del forcejeo” con el Senado, que de nueva cuenta le “metió mano” a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, seguramente para “proteger a gobernadores ladrones”, sospechó.

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano, calificó la norma como un avance y cambio positivo. “Nunca más un Granier, un Moreira o la discrecionalidad de gobiernos estatales”, sentenció.

A nombre del Partido Acción Nacional (PAN), el presidente de la Comisión de Hacienda, Damián Zepeda, señaló que en los últimos 10 años se multiplicó la deuda, y en muchas ocasiones los gobernadores la han utilizado para “colgarse medallas” con obras y programas inconclusos.

Agregó que los estados tienen reglas laxas para tomar esa decisión, puesto que la gran mayoría de los gobernantes dominan los congresos locales.

Recalcó que la reforma no prohíbe la deuda pública, pero se “dificulta”, con la obligación de contar con la votación de 2 terceras partes del Congreso local.

Zepeda Vidales expuso que no se trata de un “dictamen invasivo” en torno a las facultades locales, porque el Congreso de la Unión no quiere aprobar o bloquear las deudas, sino poner reglas claras para acabar con el abuso.

Dijo que el PAN celebra la prohibición expresa de usar la deuda en gasto corriente, así como a los límites al uso de participaciones federales como garantía de deuda local y a la obligación de licitar la deuda.

En cuanto a la polémica por la Comisión Bicamaral, destacó que es correcto no darle facultades para sancionar las deudas.

Nada tienen que estar haciendo legisladores analizando las deudas caso por caso, porque ello solo provocaría “un desfile” de munícipes y gobernadores ante una Comisión “todopoderosa” que se convertiría en un coto de poder con la capacidad de aprobar o desaprobar la deuda, finalizó. ys/m.