La reforma constitucional con la que se creará el Sistema Nacional Anticorrupción será una “reforma transversal”, ya que es indispensable para que funcionen los demás cambios estructurales, afirmó el diputado Ricardo Anaya Cortés.

Al inaugurar el “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un Modelo Policial Digno”, dijo que para que funcionen las reformas educativa, energética, de telecomunicaciones y la político electoral debe surgir el marco jurídico fuerte que tenga las herramientas para combatir la corrupción con investigación autónoma y sanciones duras.

El coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados reiteró que por ello, para su instituto político no hay negociación sobre los puntos fundamentales de la reforma anticorrupción.

También, agregó, para luchar a fondo contra la inseguridad pública en el país es fundamental “el combate radical a la corrupción”, y señaló que “la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de la sociedad”.

Indicó que la seguridad pública pasa necesariamente por el combate a la impunidad y a la corrupción, y aseguró que este fenómeno “cuesta al país nueve puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 45 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.

Anaya Cortés consideró que la iniciativa que respalda su partido para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y que se discute en la Cámara de Diputados, “pasa por cuatro ejes rectores”:

Primero, el empoderamiento de los ciudadanos, “a través del establecimiento de observadores ciudadanos que denuncien a los funcionarios corruptos”.

Segundo, el control interno serio en el que sea posible que el Poder Legislativo, por ejemplo, “apruebe el nombramiento del secretario de la Función Pública como requisito para el combate radical a la corrupción y la impunidad”.

Otro eje es el control externo, a través del fortalecimiento de instancias “como la Auditoría Superior de la Federación y del establecimiento de la Fiscalía Especializada y autónoma”.

El último es la “sanción efectiva para reducir los índices de impunidad que es preocupantemente elevada en México”.

Por su parte, el diputado panista Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, instancia que organizó el foro, dijo que este evento está “orientado a encontrar mecanismos y propuestas que deriven en el impulso a una mejor seguridad pública”.

Opinó que “el reto más importante del Estado mexicano es el relacionado con la seguridad pública, merced a los altos niveles de violencia y delincuencia que registra el país”.

Entre los retos mencionó la necesidad de “profesionalizar los cuerpos policiacos, la concurrencia de competencias entre las instancias y los cuerpos de seguridad y el combate a la impunidad”.

El foro, que concluye mañana, cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales y entre los temas, destaca la conferencia magistral “La Seguridad Pública en México: análisis del contexto sociopolítico y económico”, impartida por Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. El panel “Transición a un modelo de mando único de seguridad frente al modelo de concurrencia federación-estado-municipio”, y la conferencia magistral sobre seguridad pública, por John Jay, del College of the City University de Nueva York.

Así como la mesa-panel “Participación de la sociedad civil organizada en la evaluación de resultados en materia de seguridad pública”, entre otros. Entre los participantes figuran Alejandro Martí, de la organización México SOS; María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, y Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad. /gh/m