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El diputado del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, afirmó que la reforma constitucional que creará el sistema nacional anticorrupción o de integridad pública pretende fortalecer el marco jurídico para prevenir, combatir y castigar severamente los actos de corrupción. En entrevista, el vicecoordinador jurídico de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que entre las fuerzas políticas no hay diferencias sobre el nombre que tendrá ese sistema para combatir la corrupción y la impunidad, principalmente en el sector público. Lo importante es el fondo de la reforma, no si se denominará Sistema Nacional Anticorrupción, o Sistema Nacional de Integridad Pública, pero consideró que el término “anticorrupción” suena negativo, “les digo con toda honestidad, pero eso es lo de menos, lo importante es que funcione”. Reconoció que “hemos tenido reformas muy cosméticas”, y la idea es que ésta no lo sea, sino que funcione como un sistema y no sólo como un buen nombre. De acuerdo con el priista, lo que se fortalecerá es tener un órgano autónomo que “nos revise a todos, que es la Auditoría Superior de la Federación”. Explicó que el objetivo es darle atribuciones para que cuando haya una denuncia de un hecho evidente, irregular y grave, de manera directa inicie en tiempo real y de inmediato la auditoría, que no se espere a la conclusión del ejercicio. “Se espera que en 2016, para poner las cosas en su justa dimensión, el 1 de enero de 2016, pueda empezar a revisar el ejercicio de la Cuenta Pública 2015, esas son atribuciones para evitar la impunidad a través de la prescripción de faltas administrativas o en su caso, de delitos del orden penal”, añadió. También en entrevista, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, informó que presentará a la Comisión de Puntos Constitucionales su propuesta de modificaciones a la reforma para el sistema nacional anticorrupción. Dijo que lo que presentará es primero una consulta a los expertos y la ciudadanía sobre transparencia y combate a la corrupción. En segundo lugar, la consulta y la discusión frente a expertos internacionales en la materia, y por último, la creación de fiscalías independientes, como sucede en países como Estados Unidos, donde el procurador no dependa del presidente y que sea nombrado por el Poder Legislativo. Lo anterior, a fin de tener una investigación que realmente vaya a fondo y que no se quede limitada a intereses particulares, puntualizó. Duración 0’00’’, nbsg/m. |
