En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó con una votación mayoritaria de 24 a favor, 1 abstención de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julisa Mejía y un voto en contra, del vicecoordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, el dictamen referente al Sistema Nacional Anticorrupción.

Al dar a conocer detalles del proyecto, el diputado presidente de la instancia dictaminadora, Julio César Moreno, puntualizó que la norma surge de “un acuerdo histórico” entre las principales fuerzas políticas en San Lázaro.

Destacó que entre otros elementos, contempla mayores facultades de fiscalización para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que podrá intervenir en tiempo real y acortar el tiempo de la entrega de informes de revisión al uso de recursos públicos.

También se amplía el plazo de la prescripción de delitos administrativos graves a 7 años y prevé aplicar la extinción de dominio sobre bienes adquiridos por funcionarios a partir del desvío de recursos públicos; así como la disolución de empresas involucradas en actos de corrupción.

Moreno Rivera detalló que la normatividad prevé que el Ejecutivo proponga al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien será ratificado por el Senado de la República.

Enfatizó que la Auditoría Superior tendrá más facultades, ya que se elimina el principio de “anualidad”, por lo que podrá entregar informes de resultados cuando estén listos, sin necesidad de esperar cerca de dos años. También podrá fiscalizar órganos autónomos y someter a revisión los recursos participables a los estados de la República, equivalentes al 92 por ciento de sus ingresos.

Aseveró que el titular del Tribunal de Justicia Administrativa tendrá mayores facultades, aunado a que se da cabida a un Comité Ciudadano.

Entre otras sanciones, se aplicarán amonestaciones e inhabilitación a los servidores públicos infractores, en tanto que las faltas administrativas graves no prescribirán sino hasta después de 7 años.

Como avance, identificó la aplicación de la figura de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito, y subrayó que el Sistema Anticorrupción se habrá de replicar en los estados de la República.

Al intervenir, la diputada del Partido Verde (PVEM), Ruth Zavaleta, dijo que las autoridades tendrán “dientes para sancionar lo que no se había podido sancionar” con anterioridad.

El único legislador que se expresó en contra del proyecto, fue el vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía.

Advirtió que se trata resolver los graves cuestionamientos por la corrupción que vive el país y contra la Presidencia de la República, con una reforma constitucional; sin embargo, mientras no se sancione actúe contra la impunidad del Primer Mandatario, las coas no cambiarán

Aunque reconoció como el único avance el fortalecimiento a la Auditoría Superior, insistió que la norma no ataca “el cáncer de la corrupción en el país, que es la Presidencia de la República”.

Una reforma que no pase por atender los conflictos de interés y negocios presidenciales, no va al fondo, remarcó.

Advirtió que se sigue privilegiando en el Tribunal de Justicia Administrativa la mano “del poder”, porque el titular del Ejecutivo Federal nombrará a sus integrantes y aunque el Senado los ratificará por mayoría, persistirá el control presidencial en las instancias investigadoras.

Expuso que se impondrá la “partidización y cuotas de partido” en los órganos encargados de aplicar las sanciones administrativas y penales, porque el fiscal anticorrupción también será nombrado por el Jefe del Ejecutivo.

Subrayó que solo cuando estallaron ante la opinión pública los escándalos de la esposa del Primer Mandatario y la llamada “casa blanca” de las Lomas, el de la mansión del titular de la Secretaría de Hacienda en Malinalco y de la propiedad del propio Jefe del Ejecutivo en Ixtapan de la Sal, es que “repentinamente” resurgió el tema anticorrupción.

Pero el fin último, consideró Mejía Berdeja, es favorecer al PRI y al PAN en términos electorales.

El legislador señaló que la ratificación del titular de la Función Pública por parte de Senado tampoco será relevante, porque en el ámbito legislativo también se imponen las mayorías partidistas del tricolor y el albiazul.

Aseveró que no atiende los casos de corrupción presentes, pues si hubiera voluntad real de combatir ese flagelo, se hubiese creado la comisión investigadora de los contratos con la empresa Higa, “pero con chicanas y argumentos legaloides el tema está congelado” en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

De modo que no es posible creer que se busca combatir la corrupción cuando no hay una comisión investigadora y el Presidente de la República “sigue impune”, sentenció el legislador.

El lado positivo de la reforma, insistió, es reforzar a la Auditoría Superior, pero presentar los cambios con el “rimbombante” nombre del Sistema Nacional Anticorrupción “es un exceso porque prácticamente todos los funcionarios tendrán la bendición del Ejecutivo y Los Pinos”, ello, en referencia al titular de la Función Pública, al titular del Consejo de la Judicatura Federal y el Fiscal Anticorrupción. “Son los mismos, pues”, recalcó.

Dijo que “está bien fiscalizar las participaciones federales, pero ¿quién fiscaliza a Enrique Peña Nieto, quién fiscaliza al Ejecutivo que sigue en la impunidad?”, cuestionó.

Agregó que los cambios a discutirse en el pleno de San Lázaro éste mismo jueves, con la dispensa de trámites que se otorgará, no regulan con precisión el tema de los conflictos de intereses.

“¿Dónde quedó el tema de la casa blanca, dónde quedó el tema de la Comisión de Investigación Higa?”, inquirió Mejía Berdeja.

En su turno, el vicecoordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez de la Garza, enfatizó que no hay reforma perfecta, pero es preciso avanzar en el marco legal anticorrupción.

Añadió que el sistema propuesto, se asemeja a una mesa de 4 patas, que deben ser fuertes para sostener la lucha contra la corrupción y dar confianza a las instituciones.

Gutiérrez de la Garza aseguró que con las nuevas disposiciones, la Auditoría podrá comenzar a revisar la Cuenta Pública 2015, a partir del 1 de enero de 2016, revisar “en tiempo real” los procedimientos de adjudicación y licitación una vez que éstos hayan concluido, esto, con el fin de no entorpecer las acciones de gobierno.

Aprovechó para llamar al Senado a apurar el nombramiento del fiscal anticorrupción, porque representa una de las 4 patas de la mesa.

Tras aseverar que urge contar con el sistema, el vicecoordinador del PRI insistió en que no sabe si servirá o no la ratificación del titular de la Función Pública por parte del Senado, pero si el propósito de autorizar esa medida es avanzar, “adelante”.

Al intervenir, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán adelantó que presentará una reserva al dictamen, a fin de proponer que el Presidente de la República no solo sea sujeto a responsabilidad por traición a la Patria, sino por delitos de corrupción. “No es contra Enrique Peña”, aclaró.

Belaunzarán Méndez sentenció que aun cuando el Sistema Anticorrupción avance en el Senado y la mayoría de los congresos estatales, será necesario que de inmediato se aprueben las leyes secundarias, o dicho instrumento será inoperante. ys/m.