La reforma constitucional para crear el sistema nacional anticorrupción es contundente y eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad, afirmó el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El líder de la fracción panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, aseguró a su vez que el sistema no tendrá sesgos políticos ni dedicatoria para nadie.

La legisladora perredista Socorro Ceseñas Chapa, en tanto, opinó que esa propuesta es un reconocimiento de la aspiración nacional por construir un país con mejores condiciones para sus ciudadanos.

Al referirse a la discusión que se dará en la Cámara de Diputados en torno al dictamen del sistema nacional anticorrupción, Beltrones estableció que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formaron parte importante de este acuerdo.

Actuaron "con la responsabilidad que nos corresponde como partido que, al estar en el poder, está más obligado que los demás a ofrecer una respuesta clara a los ciudadanos que exigen erradicar el desvío de recursos públicos a los bolsillos de particulares", expuso.

Por ello es posible que se fortalezca la Auditoría Superior de la Federación, que ahora no tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal para emitir informes o alertas, sino que podrá actuar de inmediato por denuncias de casos graves de corrupción.

De igual forma podrá presentar denuncias ante la fiscalía anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de un delito o de una falta administrativa.

Ahora el Tribunal de Justicia Administrativa -en cuanto pase esta reforma constitucional- será una institución autónoma, dotada con la fuerza suficiente para imponer sanciones por faltas graves, tanto de funcionarios como de particulares.

Mientras que la fiscalía anticorrupción será una instancia independiente y especializada en investigar actos ilegales de servidores públicos en el terreno penal.

Con esta reforma constitucional toca que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tome las acciones preventivas y de control necesarias en el ejercicio del servicio público, y que su titular sea ratificado por el Senado de la República.

Estas reformas, insistió, elevan de tres a siete años el periodo de prescripción de una falta o delito en casos de corrupción; de esa forma y con la actuación oportuna de la Auditoria Superior de la Federación, se cierra la puerta de escape hacia la impunidad.

Un aspecto igualmente trascendental es que la extinción de dominio se incorpora a la ley para los casos de enriquecimiento ilícito, con lo cual se da un serio y severo golpe a la corrupción. Así, los bienes mal habidos de funcionarios corruptos se convertirán en propiedad de la nación.

Por iniciativa del priismo, señaló Beltrones Rivera, se ha agregado otro punto básico que ha exigido la sociedad: los funcionarios estarán obligados a declarar, además de su patrimonio, posibles conflictos de interés.

En síntesis, esta reforma es contundente y eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad en beneficio de la República; es así como el PRI responde con seriedad a un justo reclamo social, enfatizó el coordinador de los diputados priistas.

En tanto que el dirigente de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro aseguró que el sistema nacional anticorrupción no tendrá sesgos políticos ni dedicatoria para nadie.

Anaya Cortés aclaró en entrevista que tampoco será tapadera de políticos corruptos que han provocado en el hartazgo y desprecio de la población.

Afirmó que la gente que trabaja y paga sus impuestos está harta que los políticos corruptos se sigan enriqueciendo a costa del erario; "no será una tarea fácil acabar con los políticos corruptos, que pasarán algunos años para combatirlos, pero el paso se ha dado".

Ceseñas Chapa consideró, en su oportunidad, que la creación del sistema nacional anticorrupción es, en principio, "el reconocimiento absoluto de la fractura institucional de la vida pública en nuestro país".

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que este nuevo sistema anticorrupción no podrá tener buen puerto sin la voluntad absoluta de ejercer la ley./gh/m