La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que realicen operativos conjuntos por todo el país, con el fin de verificar que no se violenten los derechos labores y humanos de jornaleros agrícolas, en particular de menores de edad.

El coordinador Miguel Alonso, recalcó que el Gobierno Federal está obligado a ello, al ser firmante de protocolos y convenios con instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales en materia laboral, de derechos humanos y seguridad social.

También pidió que en el caso de los niños de origen tarahumara y trabajadores explotados en Comundú, Baja California Sur, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría del Trabajo investiguen y finquen responsabilidades.

Alonso Raya calificó como inaceptable la lentitud con la que las dependencias responsables actúan en casos como el de los trabajadores de origen tarahumara, que no tienen empleo fijo, reciben pagos ínfimos, sufren abuso laboral, no cuentan con ninguna prestación de tipo social, incluso no tienen alimentación ni vivienda digna y están expuestos a un sinnúmero de riesgos.

Indicó que los responsables de la explotación a los trabajadores localizados en Baja California a raíz de un operativo de revisión, son los dueños de la empresa denominada “El Cerezo”, a la que estaría vinculada la familia del ex Presidente Vicente Fox, y la cual ya había sido sancionada en dos ocasiones anteriores por casos similares.

“Hay que investigar y aclarar muy bien el asunto, si es así debe procederse a deslindarse y fincarse las responsabilidades que corresponden por parte de la Procuraduría General de la República y la Secretaría del Trabajo”, reiteró.

El coordinador del Sol Azteca en San Lázaro señaló que situaciones como la referida, son producto de normas y esquemas laborales laxos, como los avalados por la mayoría en el Congreso a través de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara, Amalia García, refrendó la exigencia de sancionar severamente a los responsables de las condiciones infrahumanas en las que laboraban los jornaleros tarahumara.

Demandó a las secretarías del Trabajo y Gobernación dar a conocer qué empresas y propietarios serán sancionados, pues ese tipo de prácticas también obligan a los mexicanos a buscar oportunidades en otros puntos del país y en el extranjero. ys/m.