La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió solicitar a la Mesa Directiva del órgano parlamentario, un análisis sobre la viabilidad de la minuta enviada por los senadores de la República, en materia de combate al robo de hidrocarburos.

El vocero de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado con licencia, Héctor Gutiérrez dijo que el estudio tiene por objetivo esclarecer si lo aprobado por los colegisladores es constitucional, o está dejando vacíos que pueden derivar en la impugnación de la normatividad y las sanciones que ésta contempla.

Al recordar que en la sesión ordinaria de éste miércoles 25 de marzo, el Pleno de San Lázaro abordará un acuerdo para exigir sanción a los expendedores de gasolina que no dan litros completos, Gutiérrez de la Garza, señaló que en el mismo orden de ideas, se revisará la viabilidad legal de los cambios aprobados en días anteriores por los senadores de la República.

Indicó que para emitir nuevas leyes, el Congreso de la Unión debe tener sustento y fundamento en el artículo 73 constitucional, y en el caso de lo aprobado por los senadores, es que se revisará si se fundamentó debidamente en dicho precepto constitucional, la reforma al Código Penal, al Código Federal de Procedimientos Penales y la creación de la nueva ley.

“Esta nueva ley, nuestra duda es si existe o no la atribución constitucional para ser emitida por el Congreso de la Unión. La preocupación es que posteriormente pudiera ser impugnada por inconstitucional, la propia ley, al no tener el soporte expreso en el Artículo 73 Constitucional, por lo mismo no ha sido, en este momento, todavía turnada a Comisiones”, puntualizó.

De modo que el documento proveniente del Senado permanecerá en la Mesa Directiva hasta que quede claro su sustento legal, o bien, se preparen otras iniciativas que promuevan la penalización severa al robo de combustible, pero sin contravenir la Carta Magna.

“No hay que olvidar que hay una regulación y un control en el caso de los expendedores de gasolina, entonces las máquinas, creo que son de manera directa de donde proviene esa evaluación. Obviamente la intención es irnos sobre el concesionario, de ninguna manera estar pretendiendo sancionar al propio despachador, no es la intención, hay una concesionaria que, como tal, tiene una concesión y que tiene que regularse por disposiciones muy estrictas sobre ello”, aclaró.

En su oportunidad, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, señalo que el problema del robo de combustible y el precio de las gasolinas, tiene dos vertientes: el de la “estafa o fraude” al consumidor al que le venden litros incompletos y las sanciones que debe imponerse contra los concesionarios de gasolineras.

En ese tenor, reiteró que su bancada insistirá en exigir al Gobierno Federal que baje el precio de la gasolina, así como ha bajado el costo del petróleo a nivel internacional. ys/m.