El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al gobierno de Baja California, a la Secretaría del Trabajo (STPS), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atender la problemática de los jornaleros agrícolas en dicha región.

Ello luego que la autoridad laboral diera a conocer el caso de explotación a jornaleros e incluso menores de edad, en que se involucra a la empresa denominada “El Cerezo�, ubicada en Comundú, Baja California Sur, y a la cual se vincula la familia del ex presidente Vicente Fox; y luego de que un grupo de jornaleros en San Quintín iniciara un paro de labores, para demandar mejores condiciones laborales.

Al abordar el tema, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abraham Correa y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina, sentenciaron que la autoridad local no ha “dado la cara�, porque funcionarios del gobierno son socios de las empresas que abusan de los jornaleros.

“La situación ya rebasa a los funcionarios estatales de Baja California que no han dado la cara. ¿Por qué? Pues porque están involucrados en los temas, con los empresarios, los grandes empresarios que generan más de 20 mil millones de pesos y dólares, los cuales ni siquiera representan el sector que estamos revisando�, dijo el diputado Medina Fierro.

“Y de quienes se quejan los trabajadores en Baja California: el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno anterior, es empresario de una de las principales empresas productoras de hortalizas; el secretario de Planeación y Finanzas es también de una de las principales empresas y el actual secretario de Fomento Agropecuario, que es de la misma familia del secretario de Planeación y Finanzas, también es de otra de las empresas señaladas�, acusó el diputado Correa Acevedo.

La vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, demandó que el pronunciamiento de los legisladores no quede en un “llamado a misa� y la Secretaría del Trabajo cumpla su obligación de velar por la integridad de los trabajadores mexicanos, en particular de quienes por su condición económica y origen étnico, son carnada para quienes ejercen la explotación laboral.

“Este problema tiene que ser abordado por la Secretaría del Trabajo, no puede quedar solamente como un llamado a misa de la Cámara de Diputados, no puede quedar solamente en la indignación, sino que tiene que ir a un llamado a la acción, para que se revisen las zonas agrícolas del país y se identifique lo que es sumamente evidente: tarahumaras, rarámuris e indígenas de otros estados que están siendo explotados�, apuntó.

El acuerdo solicita a las autoridades implementar medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y de servicios bajo los que son contratados, a fin de brindarles condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.

Asimismo, pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado, que investiguen y sancionen a los responsables de la violación a los derechos de los 200 jornaleros de origen tarahumara esclavizados en Comundú. ys/m.