El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en que se exhorta a la Secretaría de Economía (SE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a que garanticen el suministro adecuado de combustibles como diesel y gasolina, y apliquen sanciones a quienes siguen despachando litros incompletos.

El acuerdo agrega que las instancias federales referidas, deben informar al público sobre las acciones implementadas a fin de hacer cumplir las normas oficiales en la materia.

En el debate, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro, Luis Espinosa, calificó como “ridículo que los congresistas se ocupen en aprobar simples exhortos a la autoridad, cuando el problema del robo al usuario de combustibles debería ser un asunto prioritario.

Recordó que en México existen aproximadamente 10 mil estaciones de servicio y en una de cada tres, es decir, en 2 mil 909, se surten litros incompletos. De dichas gasolineras, 183 se ubican en el Distrito Federal y 291 en el Estado de México, abundó.

Al lamentar que frente a esa situación la PROFECO esté “de adorno”, exigió a la titular de ese organismo, dar a conocer de inmediato la lista y ubicación de las estaciones que despachan litros incompletos.

En medio de esa problemática, agregó Espinosa Cházaro, cabe preguntarse “dónde están las gasolinas baratas” que de acuerdo a la mayoría en el Congreso, vendrían con la reforma energética, ya que por el contrario, el país “está importando más gasolina que nunca”.

En su turno, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Danner González, demandó a la autoridad que no solo verifique si los gasolineros despachan litros completos, sino que aplique la ley en sus términos y cancele las concesiones a quienes abusan del consumidor.

“Y el robo de combustible en la compra de litros que no son de a litro es un doble atraco y un golpe muy duro a los bolsillos de los mexicanos, el Gobierno Federal y la PROFECO deben garantizar los derechos de los consumidores y sancionar con penas ejemplares, incluso hasta la revocación de la concesión a quienes abusen y no den los litros completos”, reiteró.

A su vez, el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Federico González Luna, señaló que los datos oficiales sobre las conductas ilícitas y la negativa de los concesionarios del sector energético e incluso los empleados de las gasolineras a someterse a la verificación de la autoridad, son preocupantes.

“En 2014 nos brindan datos realmente preocupante e indignantes: la Procuraduría realizó mil 800 revisiones a gasolineras de todo el país, de las cuáles, en un 70 por ciento de los casos se encontraron anomalías e incluso, en muchos más se enfrentó la resistencia de los empleados para ser inspeccionados”, planteó.

“En concreto 227 gasolineras se negaron a ser verificadas, principalmente, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Se trata realmente de una afrenta para la ciudadanía, un robo en despoblado y un grave desacato a la autoridad. Estamos ante auténticas mafias que cotidianamente delinquen en contra de millones de mexicanos”, abundó.

El vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Huerta, también recriminó que los legisladores ocupen el tiempo en llamar a la autoridad a cumplir la ley, cuando se trata de su obligación y cuando el Gobierno Federal auspicia, es complaciente ante la corrupción y propicia el aumento indiscriminado del precio de las gasolinas.

“Obviamente todos queremos litros de a litro, pero también queremos gasolina barata, no puede ser que (Enrique) Peña Nieto en menos de dos años, hoy en el país la gasolina esté al doble que en Estados Unidos, con la salvedad de que aquí un trabajador gana 20 veces menos, por lo tanto diputados, este exhorto es puro rollo de Semana Santa”, sentenció.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Pacheco, también arremetió contra el Gobierno Federal, al que acusó de ser cómplice de los concesionarios, pues es del conocimiento público que los inspectores federales aceptan pagos de cinco mil pesos, para librar a los expendedores de la revisión. ys/m.