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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, llamó a la STPS para que siga cuidando el derecho laboral humano, ya que gracias a ello se pudo detectar el caso de los tarahumaras explotados en Baja California Sur. En entrevista, enfatizó que debe castigarse a los responsables, y también hizo un llamado a los patrones para que tengan un sentido social, humanitario y solidario, que los trabajadores sean bien tratados y pagados y se cuiden los derechos humanos de niños, jóvenes y adultos. Mencionó que los tres poderes de la Unión y las autoridades estatales y municipales, así como las organizaciones no-gubernamentales, “debemos estar alertas para defender los derechos humanos en todo el país y para señalar, cuestionar y exigir la aplicación de la ley donde se violente”. También expresó su solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a seis meses de su desaparición. Asimismo, celebró que estén detenidos muchos de los responsables intelectuales y materiales, y se pronunció por que se concluyan las pesquisas y se den las aprehensiones que procedan. “Fustigamos la perversidad y la infamia del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, detenido como autor intelectual, y su esposa, así como los funcionarios que le hayan acompañado”, dijo. También, destacó “lo nefasto del involucramiento de malos funcionarios públicos locales de Iguala, Guerrero, con el crimen organizado”. El legislador del PRI consideró que el jefe de Seguridad Pública del municipio que está prófugo es una pieza clave porque él recibió la instrucción de José Luis Abarca, y se deduce que participó en las acciones posteriores, en contubernio con el crimen organizado de esa zona. “Estamos a favor de que esas indagatorias y esas detenciones se lleven a cabo, que se aplique todo el peso de la ley contra gente tan nefasta, que se concluya el caso y se informe a plenitud a los familiares de los jóvenes desaparecidos, y que la autoridad haga lo que tienen que hacer conforme a derecho”, expresó. Galindo Quiñones aclaró que el gobierno de la República “no tiene ninguna culpa en el asunto de la desaparición o eventual asesinato de los jóvenes”; tampoco se vale responsabilizar al Estado, sino al presidente municipal de Iguala, Guerrero, su esposa, y los funcionarios que incurrieron en esta infamia. Se debe detener a los involucrados que están prófugos, “para que se concluya el caso y se tenga la verdad absoluta”, puntualizó. /gh/m |
