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El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, exigió que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar los derechos de los jornaleros agrícolas en todo el país. En el marco de las protestas que llevan a cabo los trabajadores de campos agrícolas en el Valle de San Quintín, ubicado en Baja California, en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo adecuadas, el diputado Alonso Raya subrayó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe cumplir la labor de verificar las condiciones en que trabajan los jornaleros y sancionar las irregularidades. Recordó que la propia Secretaría del Trabajo detectó y documentó las violaciones a los derechos de al menos 200 personas de origen tarahumara contratadas por la empresa “El Cerezo”, ubicada en el municipio de Comundú, Baja California Sur. Allí, niños, ancianos, mujeres eran sujetos a realizar trabajos forzosos, estaban expuestos a sustancias tóxicas como plaguicidas y pesticidas, no contaban con ningún tipo de protección y no tenían derecho a servicios de seguridad social ni capacitación, recapituló. El líder del Sol Azteca indicó que a ese hecho se sumó la protesta y huelga de trabajadores del Valle de San Quintín, que también denunciaron mal trato, pagos de 110 pesos por 15 horas de trabajo, condiciones de hacinamiento, falta de prestaciones y una situación similar a la de los trabajadores de los campos de papa de Comundú, es decir, exposición a sustancias tóxicas y falta de seguridad social. Ambos hechos, aunado al caso de explotación laboral y sexual contra trabajadoras de una maquiladora en Zapopan, Jalisco, son ejemplos de la situación de explotación, abuso y violación a los derechos de los trabajadores agrícolas en el país, del incumplimiento de las leyes laborales nacionales e internacionales. “Casos como estos demuestran que en el territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados, sin prestaciones laborales de ningún tipo y que abusan de los trabajadores con la complicidad de las dependencias federales y estatales que supuestamente deben protegerlos”, sentenció. Por lo anterior, el Gobierno Federal debe cumplir su deber de proteger los derechos de los trabajadores, sancionar a toda empresa que abuse del personal y violente lo establecido en el artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, así como la Ley Federal del Trabajo, demandó. ys/m. |
