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Enrique Méndez y Roberto Garduño, reporteros: La Cámara de Diputados desempolvó una propuesta de 2009 y la votó esta tarde para obligar a todos los propietarios de automóviles particulares a una segunda verificación para el control de la emisión de gases contaminantes y a la revisión de las condiciones mecánicas, si quieren seguir circulando por las carreteras federales. En el penúltimo día de sesiones, el Pleno de la Cámara rescató una minuta que había aprobado el Senado en 2009 y que declaró vigente a pesar de que ya había precluido, para “establecer un programa de verificación de alcance nacional, aplicable a todos los vehículos, incluidos los que se importen, verificar la emisiones y que cumplan con las normas de seguridad que operan en el país”. De esta manera, el Pleno autorizó avalar la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, para someter a revisión al parque vehicular nacional, que se calcula en más de 25 millones de automotores, pero que se centra específicamente en “todos los vehículos de transporte privado”, para que si quieren transitar en carreteras federales, se sometan a una verificación adicional a la que ya pagan en sus ciudades de origen. La reforma prevé que sólo los autos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros tres años a partir de la fecha de su venta de primera mano. Para cumplir con el pago de este nuevo derecho, se acordó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concesione la apertura de nuevos verificentros de carácter federal, donde se haga una revisión de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, que serán operadas por particulares mediante un permiso expedido por la dependencia. Aquellos vehículos cuyos propietarios no realicen estas dos nuevas verificaciones, podrán ser retirados de la circulación por la policía federal, y se prevén multas de entre 40 y hasta 500 días de salario mínimo, y los ingresos derivados de estas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación, para programas de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa, que originalmente presentó desde 2008, el senador Eloy Cantú Segovia (PRI) fue rechazada por un grupo de diputados del PRD, al señalar que se trata de la imposición de un nuevo derecho a los contribuyentes, cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a no crear una nueva obligación para los ciudadanos. dlp/m |
