La diputada federal del Partido de la Revoluci贸n Democr谩tica (PRD), Lizbeth Rosas, lament贸 que la LXII Legislatura no haya cumplido con la obligaci贸n de aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, reglamentaria del art铆culo 134 constitucional.

Ante dicha omisi贸n, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la C谩mara de Diputados, plante贸 una iniciativa de Ley General de Publicidad y Comunicaci贸n Institucional.

Establece que la propaganda gubernamental debe tener car谩cter institucional y fines informativos, educativos o de orientaci贸n social; y por ning煤n motivo podr谩 ser utilizada para la promoci贸n personalizada de los funcionarios p煤blicos, indic贸 la congresista.

Rosas Montero expuso que dicha norma obligar谩 a los servidores p煤blicos de los tres 贸rdenes de gobierno a ejercer de manera imparcial y adecuada el erario destinado a la publicidad oficial, sin sesgos y con igualdad con respecto a todos los medios masivos.

Record贸 que en la reforma aprobada en 2007 y que contempl贸 el mandato, hasta el momento incumplido, de reglamentar la propaganda oficial, debe avanzar a fin de evitar irregularidades en ese rengl贸n.

Indic贸 que en octubre del 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrog贸 la norma vigente en la materia, con lo que qued贸 un vac铆o legal que promueve la falta de equidad en las contiendas electorales y violenta disposiciones constitucionales como el derecho a la libertad de expresi贸n y acceso a la informaci贸n.

Enfatiz贸 que en 2007 se busc贸 impedir que actores ajenos a los procesos electorales, como personas f铆sicas y morales, intervinieran de manera irregular en las elecciones, a trav茅s del uso de los medios de comunicaci贸n.

Sin embargo, la falta de una legislaci贸n espec铆fica abre la puerta al abuso y uso irregular de recursos en medios de comunicaci贸n, hecho que de acuerdo a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es aprovechado por los gobiernos de la regi贸n para incidir de manera ilegal en los comicios.

Esto, utilizando el poder y recursos del Estado, a trav茅s de la asignaci贸n arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, as铆 como el otorgamiento de concesiones sobre frecuencias de radio y televisi贸n con el objetivo de 鈥減resionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicaci贸n en funci贸n de sus l铆neas informativas鈥�, refiri贸.

El vaci贸 legal se帽alado, insisti贸 la legisladora del Sol Azteca, favorece el abuso en el gasto p煤blico destinado a la propaganda gubernamental. 鈥淓ste uso faccioso de recursos p煤blicos viola el principio de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales, as铆 como los derechos a la libertad de expresi贸n y de acceso a la informaci贸n鈥�, dijo.

Por lo anterior, enfatiz贸, es necesario contar con una Ley General de Publicidad y Comunicaci贸n Institucional, que contemple entre otras medidas, la creaci贸n de un Comit茅 T茅cnico Asesor de Publicidad y Comunicaci贸n Institucional, que podr谩 ordenar la suspensi贸n de la publicidad gubernamental en tiempos electorales.

Dicha instancia deber谩 regular adecuadamente la publicidad y campa帽as institucionales, as铆 como aplicar sanciones penales, pol铆ticas y de car谩cter administrativo, con multas de 2 mil a 2 mil salarios m铆nimos a los funcionarios infractores; y de 5 mil a 50 mil salarios a los medios masivos que incumplan la ley, finaliz贸. ys/m.