La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, calificó como un avance los acuerdos alcanzados entre los jornaleros de San Quintín, las autoridades estatales y federales, y que atiende la petición de ganar un salario de 200 pesos al día y registrar a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, como un sindicato a nivel nacional. El coordinador Miguel Alonso, recalcó que dicho convenio alcanzaría el nivel de histórico, si los jornaleros presos, a causa del enfrentamiento registrado el fin de semana pasado, fueran liberados de inmediato. Al “saludar” los resolutivos alcanzados la madrugada de este mismo jueves 14 de mayo, el legislador refrendó que las demandas de los jornaleros, de contar con condiciones de trabajo dignas y un salario justo son atendibles. Manifestó que la mesa de trabajo entre los trabajadores y autoridades debe culminar en acuerdos concretos y duraderos, aunque, aún hace falta resolver la situación de los jornaleros detenidos. “El avance de los acuerdos es indiscutiblemente importante y por lo tanto se podrían convertir en un hecho histórico de concretarse la libertad de los compañeros aún están detenidos y el aumento de hasta 200 pesos del salario”, refrendó. El legislador pidió que las autoridades garanticen el cumplimiento de los compromisos firmados y en los hechos otorguen el aumento salarial establecido. Aunado a ello, dijo, el Senado de la República debería avanzar como se esperaba, en la desindexación del salario mínimo, a fin de que las percepciones de los trabajadores aumenten en forma real y en la medida necesaria. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García, consideró que el conflicto entre los trabajadores del Valle de San Quintín, sus patrones y las autoridades estatales es producto de la falta de respeto a los derechos humanos y laborales de los jornaleros. La también diputada del PRD agregó que a ello se suma la falta de oportunidades para los trabajadores en sus propias regiones de origen, lo que los obliga a ir a otros estados en busca de trabajo temporal. Al señalar que es necesario impulsar el desarrollo regional para generar fuentes de empleo para los jornaleros, García Medina recalcó que la Constitución contempla el derecho de todos los mexicanos a tener un salario digno, condición que debería cumplirse en especial en el caso de los jornaleros agrícolas, que en su mayoría provienen de comunidades rurales marginadas y en extrema pobreza. La ex gobernadora de Zacatecas admitió que la Ley Federal del Trabajo es insuficiente, pero establece obligaciones que los patrones y las autoridades deben cumplir, como respetar los derechos de los trabajadores. ys/m. |