La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, calificó como una violación a la Constitución y al estado de derecho, la orden de suspender la evaluación al magisterio, establecida en la Reforma Educativa.

El presidente de dicha instancia, Roberto López González dijo que la determinación fue desafortunada y representa un retroceso en la materia.

Por su parte, la vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, consideró que el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene tintes electorales.

La legisladora anunció que solicitará la comparecencia del titular de esa dependencia, Emilio Chuayffet, para explicar qué “nuevos elementos” se encontraron en el marco del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores en el sistema educativo, y cómo fue que motivaron la suspensión de ese elemento, a unos cuantos días de la elección del 7 de junio.

El secretario Chuayffet Chemor “debe decir claramente si está obedeciendo a presiones de grupos específicos, si estos grupos tienen fines políticos o inclusive electorales o de desestabilización; si es así, saber quiénes son estos grupos y qué influencia ejercen sobre el gobierno. Entonces, solo así sabremos a qué grado hay una intervención electoral de la presidencia de la República”, advirtió.

La congresista enfatizó que si el titular de la SEP no da ante el Congreso una explicación satisfactoria y objetiva sobre los hechos, deberá renunciar al puesto, porque la evaluación educativa debe aplicarse objetivamente, sin fines partidistas, electorales o políticos.

“Siempre argumentamos que no era una reforma educativa porque no tenía que ver con los sistemas o planes de estudio, ni elementos para mejorar el sistema educativo, era una reforma con fines laborales que nunca quitó el control al sindicato el manejo despiadado y político que ha tenido desde hace décadas”, sentenció.

A su vez, el diputado López González, indicó que el anuncio hecho a finales de la semana pasada, a través de un comunicado de la SEP, no fue una decisión particular del titular de ese despacho, sino el cumplimiento de instrucciones del Ejecutivo Federal, que violentan la Constitución y la ley educativa.

Al recordar que el Congreso de la Unión pasó momentos muy complicados para aprobar el ordenamiento referido y sus leyes secundarias, el legislador del PRD insistió en que la orden de frenar la evaluación de educativa, es un paso atrás para el país.

Indicó que las declaraciones de la SEP, en cuanto a que no se cedería ante chantajes ni presiones de grupos magisteriales, resultaron ser meros discursos demagógicos, porque ahora el Estado mexicano se “arrodilla” ante grupos que han amenazado con impedir la votación del 7 de junio.

“Es responsabilidad del Estado garantizar elecciones tranquilas, pero con este costo, me parece que la niñez y la sociedad mexicana están pagando muy caro el anhelo democrático”, advirtió. ys/m.