La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, exigió poner fin a la impunidad en el caso de corrupción y sobornos que involucra a la empresa OHL y a instancias como el gobierno del Estado de México.

La diputada Lourdes Amaya, señaló que las autoridades federales deben dar seguimiento a los hechos, investigar a fondo e impedir que queden en una simple anécdota.

Enfatizó que la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de la Judicatura del Estado de México, para que informe sobre el avance de las indagatorias del caso.

“Nos encontramos frente a una situación que esperamos que no quede impune y como un escándalo más, en el que la corrupción, la falta de ética y las prácticas más deplorables de la plutocracia que ha copado espacios al frente de las instituciones del Estado son las protagonistas”, dijo.

Consideró que hay información suficiente, incluyendo grabaciones y otro tipo de testimonios, respecto a que los directivos del consorcio español ofrecieron sobornos a jueces y magistrados del Estado de México para acelerar y generar resoluciones favorables a su causa; así como el presunto involucramiento de ex funcionarios del gobierno mexiquense, en el pago de favores y sobornos por parte de la empresa.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Huerta, también destacó la decisión de la Comisión Permanente, de llamar a dependencias del Gobierno Federal y el Estado de México, a que informen, en un plazo no mayor a 15 días, cómo va el seguimiento a los hechos de corrupción que involucran a la empresa OHL, a la cual se asignó la construcción del Viaducto Bicentenario.

La solicitud de los congresistas, puntualizó, implica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) entreguen información sobre los proyectos de infraestructura en que participa la empresa cuestionada.

También pide a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigar el uso de recursos federales en la construcción del Viaducto Bicentenario y establecer si hay responsabilidades administrativas a fincar.

Recalcó que el gobierno mexiquense, a través de su Contraloría y la Procuraduría de Justicia, deben reportar a la Permanente, qué acciones administrativas y legales han emprendido contra servidores públicos, derivadas de la investigación sobre la operación de OHL.

En tanto, el Congreso del Estado de México deberá ordenar a su Órgano Superior de Fiscalización que aplique una auditoría integral al Viaducto, operado por OHL. ys/m.