En la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, llevó a cabo su segunda sesión ordinaria y pese a que tenía previsto aprobar en firme su plan de trabajo y comenzar a programar las reuniones con los personajes, autoridades, ex funcionarios y organizaciones de derechos humanos involucrados, solo atinó a determinar el calendario de reuniones.

Los congresistas avalaron citar a reunión ordinaria cada martes, y a sesión extraordinaria cuando sea necesario.

La presidenta y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murgía, también notificó que se dará a la tarea de girar invitación a reuniones a los padres de los estudiantes, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al ex procurador Jesús Murillo, entre otros personajes interesados e involucrados en los sucesos de septiembre de 2014.

Agregó que también iniciará el análisis del informe del Grupo de Expertos de la CIDH y se solicitará a la PGR sintetizada sobre los expedientes e investigaciones abiertas sobre lo ocurrido con los estudiantes, y que dieron fundamento a la llamada “verdad histórica”.

En el encuentro, los integrantes de la Comisión intercambiaron señalamientos. Por un lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Movimiento Ciudadano (MC), demandaban agilizar los trabajos de la Comisión, citar a reunión a los padres de familia, funcionarios y ex funcionarios involucrados; así como emitir un pronunciamiento sobre las manifestaciones que se llevarán a cabo el próximo sábado 26 de septiembre, en el primer aniversario de los hechos.

En particular, la diputada perredista Cristina Gaytán, señaló a los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde (PVEM), por intentar dar largas a las decisiones de la comisión, al rechazar que ésa se declarara en sesión permanente, para estar alerta por si en el transcurso de las próximas horas, los padres de familia accedían a reunirse con los diputados.

En respuesta, el diputado del Verde, Arturo Álvarez y el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar, dijeron que no tenía justificación ni sentido declarar la comisión en sesión permanente y pusieron en duda el informe de la CIDH, al aseverar que tiene contradicciones.

“¿Queremos más protagonismo político o llegar a la verdad?, ¿queremos andar en las marchas legítimas, justificadas o queremos llegar a la verdad? Las conclusiones técnicas de éste grupo son contradictorias, eso es una realidad. Nosotros tenemos que dudar de todo, como bien decía alguien, con el respeto irrestricto al esfuerzo de investigación de gente experto, pero también entiendo que es política. Y que atrás de un gran científico, puede haber intereses ajenos a usted y a mí”, lanzó el legislador del PES.

En tanto, el secretario de la Comisión y diputado del PRI, Víctor Silva, reiteró el llamado a no extralimitarse en las funciones de la Comisión, puesto que los diputados no son investigadores.

El congresista también pidió tener presente que algunos de los involucrados en el caso, como los padres de familia de los estudiantes, no han querido ni quieren atender el llamado a reunirse con los diputados.

Silva Tejeda también pidió que si se van a organizar reuniones, será necesario llevar un orden cronológico y plantear en primera instancia encuentros con quienes tuvieron los primeros contactos con los hechos, como el ex alcalde y preso José Luis Abarca y quienes tuvieron la responsabilidad política de postularlo para ese puesto, es decir, dirigentes e integrantes del PRD.

A ese respecto, la presidenta de la Comisión aprovechó para informar que los acercamientos con la procuradora Arely Gómez van bien, e incluso está dispuesta a ofrecer a los diputados un desayuno en las oficinas de la dependencia, para abordar el caso.

No obstante, indicó la diputada Murguía Gutiérrez, los expertos de la CIDH declinaron a reunirse en los próximos días con ellos, puesto que su agenda de trabajo está llena hasta mediados de la siguiente semana, por lo que la reunión prevista para éste viernes en la sede del Senado de la República no se llevará a cabo.

Agregó que por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, no hubo respuesta ni positiva ni negativa a la llamada e invitación para sostener una reunión y hablar sobre los normalistas.

En cuanto al informe de los expertos de la CIDH, la presidenta fue muy enfática al decir que tiene más de 500 hojas que serán difíciles de analizar, aunado a que coincidió con los diputados del PRI y el Verde, en cuanto a que ese reporte debe ser estudiado con “ojos críticos” porque genera dudas y observaciones. ys/m.