“Las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos deben estar ciertas de que recibirán los recursos necesarios para desempeñar su tarea de manera eficiente”, aseveró el diputado Miguel Ángel Yunes Linares.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados consideró que a pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 no es el óptimo, tampoco pone en riesgo la seguridad ni la procuración de justicia del país.

Yunes encabezó una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ricardo Corral Luna, y la coordinadora para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel.

Durante el acto la legisladora priista Marcela González Salas y Petricioli consideró que aunque los recursos con que cuenta hoy el gobierno federal para garantizar la seguridad pública han permitido avanzar “haciendo más con menos”, esta comisión trabajará para que este ramo obtenga presupuesto.

En su exposición ante los integrantes de la comisión, Corral Luna afirmó a su vez que en el PEF 2016 se redujeron de 17 a diez los programas con prioridad nacional, los cuales proveen de recursos a los municipios para preservar la protección ciudadana.

Esos programas están enfocados al desarrollo de capacidades de las instituciones locales, la profesionalización y certificación policial, la tecnología, la infraestructura y el equipamiento.

También el impulso de los sistemas penal de justicia y el penitenciario nacional, las ciencia forenses de la investigación de hechos delictivos, la atención de llamadas de emergencia y denuncia ciudadana, la prevención de delitos de alto impacto y la búsqueda de personas.

Agregó que los criterios de distribución del apoyo de estos programas dependen de la población, el nivel de delincuencia, la disidencia delictiva, los controles de confianza, la información de seguridad pública, el ejercicio de recursos y el avance en el nuevo Sistema Penal de Justicia.

En materia de seguridad pública se solicitaron para el Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto de siete mil millones de pesos a nivel federal y mil 700 para apoyo a entidades federativas, es decir, ocho mil 750 millones de pesos.

En la ronda de preguntas y respuestas los diputados María Gloria Hernández Madrid y Abel Murrieta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitaron al funcionario precisar en qué programa se incluirá el acceso de justicia para las mujeres y qué criterios toma cada estado para integrar una averiguación previa.

En representación del Partido Acción Nacional (PAN), Angélica Moya Marín y José Everardo López Córdova preguntaron cuál es el plan para atender la sobrepoblación de los centros penitenciarios y disminuir el índice delictivo, así como cuántos policías han sido acreditados.

Los legisladores de Morena pidieron se les explicara de qué manera se motiva a los elementos de seguridad para que no se incorporen a las filas del crimen organizado.

En tanto que la representante del Partido Encuentro Social, Melissa Torres Sandoval, solicito información de cómo se conoce el avance de los municipios que son apoyados por los programas de esta dependencia.

Al dar respuesta, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el Programa de Acceso de Justicia para las Mujeres se incorporará al Sistema de Justicia Complementario.

Se trabaja para que los policías se profesionalicen, les brinden mejores salarios y les doten de infraestructura necesaria para desempeñar de forma eficaz su labor.

En cuanto a la sobrepoblación de los centros penitenciarios afirmó que se modificó la modalidad de operación, al ampliar la capacidad de los espacios de reclusión y con ello reducir el hacinamiento.

El funcionario federal también refirió que los municipios beneficiados con esos programas son aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar delincuencia.

Fromow Rangel explicó que a 230 días de que el Sistema de Justicia Penal entre en operación por completo en todo el país, se trabaja en la capacitación de los policías, quienes serán fundamentales para la operación eficiente del sistema.

Para ello también se requiere aprobar las leyes de Miscelánea Penal y de Justicia para Adolescentes, cuya aprobación está pendiente.

Indicó que el PEF 2016 debe contemplar que el nuevo Sistema de Justicia Penal requerirá no sólo salas de oralidad, sino también áreas de medidas cautelares, policía procesal, equipamiento del lugar para que presten el servicio adecuado y garantizar la inmediatez en el proceso jurídico.

En este sentido, María de los Ángeles Fromow enfatizó que se requiere un presupuesto de seis mil millones de pesos para satisfacer los requerimientos tecnológicos y periciales del nuevo Sistema de Justicia Penal. /gh/m